La investigación judicial sobre la gestión de la catástrofe del 29 de octubre entra en una fase de escrutinio técnico sobre las comunicaciones privadas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha emitido un auto clave que pone el foco en la actividad digital y telefónica del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante las horas críticas de la riada que segó la vida de 230 personas en la provincia de Valencia.
El rastro digital del 29-O: cinco días para aportar registros
La magistrada al frente de la causa ha solicitado formalmente a Mazón que, en un plazo máximo de cinco días hábiles, facilite de manera voluntaria el desglose completo de su actividad telefónica durante la jornada del desastre. Esta petición no se limita únicamente a las llamadas entrantes y salientes, sino que se extiende a la mensajería instantánea a través de WhatsApp y otras plataformas similares.
El objetivo de esta medida es reconstruir con exactitud la cronología de la emergencia y determinar el flujo de información que manejaba el entonces máximo responsable autonómico. La jueza busca verificar la trazabilidad de las decisiones tomadas y la veracidad de los tiempos comunicados oficialmente en relación con el desbordamiento de los cauces y la activación de las alertas.
Suspensión de la testifical: un conflicto de garantías procesales
Paralelamente a la petición de pruebas digitales, la justicia ha decidido congelar la declaración testifical de Carlos Mazón. Esta paralización no responde a una falta de interés en su testimonio, sino a la necesidad de resolver una compleja situación jurídica. Mazón ha solicitado personarse en la causa con los derechos propios de un investigado, una figura que le permitiría acceder a las actuaciones con mayores garantías de defensa.
Sin embargo, la instructora mantiene una postura firme ante este intento de cambiar su estatus procesal:
- La condición de testigo obliga a decir la verdad bajo juramento o promesa.
- La condición de investigado permite el derecho a no declarar contra sí mismo.
- La jueza considera que ambas figuras son legalmente incompatibles en el actual punto de las diligencias.
Debido a que el expresidente ha recurrido esta negativa ante la Audiencia de Valencia, la magistrada ha optado por la prudencia procesal, esperando a que el órgano superior determine bajo qué condición debe comparecer Mazón para evitar nulidades futuras en el procedimiento.
El contexto tras la decisión del TSJCV
Este nuevo escenario se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ratificara su decisión de no abrir una investigación penal directa contra el aforado en esa instancia. Al confirmarse la firmeza de ese auto, la causa regresó al juzgado de instancia de Catarroja, donde se intenta dirimir la responsabilidad civil y penal en la gestión de la emergencia climática.
La resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso de apelación de Mazón será el factor determinante que desbloquee el calendario de citaciones. Mientras tanto, el foco permanece en ese listado de llamadas que debe ser entregado antes de que expire el plazo otorgado, lo que podría aportar luz definitiva sobre las gestiones realizadas en el epicentro de la tragedia que ha conmocionado a toda la sociedad valenciana.