Montero pide intervenir la vivienda para bajar los precios

La actual estrategia política en materia de residencia está tomando un giro radical hacia la intervención directa del Estado. Irene Montero, figura clave de Podemos, ha puesto sobre la mesa un plan ambicioso que busca fracturar el actual modelo de precios en España. Su propuesta central no se limita a pequeños ajustes, sino que aboga por una reducción del 40% en el precio de los alquileres, basándose en la premisa de que el acceso a un hogar debe prevalecer sobre la rentabilidad financiera de los grandes capitales.

Hacia una intervención estructural del mercado inmobiliario

La base legal de este movimiento se asienta en una lectura estricta de la Constitución Española. Montero sostiene que el texto constitucional ofrece las herramientas necesarias para supeditar la riqueza del país al interés general. En este sentido, la propuesta legislativa busca frenar lo que denomina la «acaparación ilícita» de inmuebles. El objetivo es claro: movilizar miles de unidades que actualmente están fuera del mercado residencial tradicional para integrarlas en una red de alquiler social gestionada públicamente.

A diferencia de otras legislaturas donde se ha fomentado el diálogo con el sector privado, esta postura aboga por la firmeza ante las instituciones europeas. La eurodiputada defiende que un «Gobierno valiente» no debe temer las posibles reticencias de la Comisión Europea, priorizando la soberanía nacional para garantizar precios justos por encima de los intereses de los inversores internacionales que operan en el mercado español.

Expropiación y el fin de los beneficios para grandes rentistas

Uno de los puntos más controvertidos y analizados del plan es la expropiación de 650.000 viviendas que actualmente pertenecen a los denominados fondos buitre. Esta medida busca desarticular la especulación y asegurar que las casas cumplan su función social. Además, el programa incluye acciones específicas para los entornos urbanos más tensionados, tales como:

  • Prohibición total de la compra de inmuebles que no tengan como fin la residencia habitual.
  • Eliminación radical de los pisos turísticos en zonas de alta demanda para devolver esa oferta al alquiler residencial.
  • Supresión de cualquier tipo de beneficio fiscal o «regalo» tributario para los propietarios que mantienen precios elevados.

Para aquellos que mantengan propiedades desocupadas, la propuesta es aumentar la presión fiscal de forma exponencial. Se plantea un nuevo impuesto a la vivienda vacía que obligaría a los titulares a pagar hasta cuatro veces más de lo que abonan actualmente. Según los datos manejados por la formación, existen casi cuatro millones de inmuebles sin uso en España, mientras millones de ciudadanos enfrentan dificultades extremas para acceder a un techo.

Prioridades económicas: Entre el gasto militar y la justicia social

El análisis de Montero vincula la crisis de vivienda con una gestión económica que considera errónea. Critica que el Estado haya rescatado al sector bancario con 100.000 millones de euros que aún no han sido devueltos, mientras se permiten beneficios récord en la banca. Esta disparidad es, a su juicio, el reflejo de un sistema que protege los activos financieros pero desprotege a los sectores productivos más vulnerables, como las trabajadoras del sector del calzado en localidades como Elche.

Asimismo, se cuestiona el incremento del gasto en defensa y armamento, que alcanza cifras de 36.000 millones de euros. Desde su perspectiva, estos fondos deberían ser redirigidos para fortalecer el sistema de salud, las pensiones no contributivas y, de manera urgente, el acceso a la vivienda. El cambio propuesto no es solo económico, sino cultural: desplazar la idea de la vivienda como un objeto de especulación similar al vino o los relojes de lujo, para tratarla como un derecho fundamental inalienable.

La aplicación del Artículo 128 como escudo social

En el centro del debate se sitúa el Artículo 128 de la Constitución. Este precepto jurídico es utilizado para justificar que el Estado tiene la potestad de intervenir en sectores estratégicos de la economía. No se limita únicamente al sector inmobiliario, sino que se extiende a la energía y la alimentación, áreas donde los precios han impactado severamente en el poder adquisitivo de las familias.

En conclusión, el modelo propuesto busca una transformación profunda que obligue a los caseros a ajustar sus expectativas de beneficio. Al eliminar los incentivos públicos para los arrendadores y aumentar los costes de mantener casas cerradas, se pretende forzar una bajada de precios natural asistida por la ley. La meta final es un cambio de paradigma donde la administración pública tome las riendas de la gestión del suelo para evitar que el mercado siga expulsando a los ciudadanos de sus propios barrios.