El giro administrativo que cuestiona la responsabilidad de los agentes
El escenario judicial tras la fugaz aparición y posterior marcha de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto ha dado un vuelco inesperado. La defensa de los tres miembros de los Mossos d’Esquadra bajo investigación ha puesto sobre la mesa una prueba documental que podría desmontar la tesis de la acusación. Según el recurso presentado, la propia administración autonómica admitió que el despliegue policial de aquella jornada no tenía como eje central la captura del líder de Junts, sino la estabilidad del proceso institucional.
Este nuevo argumento se fundamenta en una respuesta oficial del Govern emitida en sede parlamentaria. En dicho documento, se especifica que el despliegue de seguridad se diseñó para blindar la investidura de Salvador Illa y evitar altercados en los alrededores del Parc de la Ciutadella. Al no figurar el arresto del expresident como un objetivo operativo explícito en las órdenes de mando, la defensa sostiene que no se puede imputar un delito de omisión del deber de perseguir delitos a agentes que ni siquiera estaban de servicio.
La paradoja del operativo: seguridad ciudadana frente a órdenes judiciales
El núcleo del conflicto legal reside en la discrepancia entre el mandato del Tribunal Supremo y la ejecución táctica sobre el terreno. El recurso, liderado por el letrado Gonzalo Boye, subraya que las directrices del 8 de agosto se basaron en criterios de proporcionalidad y necesidad. Bajo esta premisa, la policía autonómica priorizó el control de masas y la protección de las autoridades asistentes al Parlament.
La defensa argumenta que los agentes investigados se encuentran en una situación de indefensión al ser señalados por no realizar una acción que la propia estructura jerárquica del cuerpo no había coordinado ese día. Resulta analíticamente complejo exigir que un efectivo, de forma individual y aislada, ejecute una detención de alto impacto político en medio de una multitud si los mandos operativos no habían diseñado el dispositivo para tal fin.
Situación laboral de los implicados: un factor determinante
Un aspecto crucial que busca invalidar el auto de la jueza instructora es la situación administrativa de los tres agentes en el momento de los hechos. El recurso detalla que ninguno de ellos se encontraba ejerciendo sus funciones profesionales aquel día, lo que dificulta el encaje legal de la acusación por abandono de funciones.
- Uno de los agentes implicados se encontraba disfrutando de su periodo de vacaciones anuales.
- El segundo mosso estaba fuera de cuadrante por un permiso concedido.
- El tercer efectivo se hallaba en situación de baja médica, lo que le inhabilitaba legalmente para cualquier intervención policial.
Inviabilidad material y riesgos para la integridad
Más allá de las formalidades administrativas, el texto jurídico califica la pretensión de arresto como algo «materialmente inviable». Se describe un entorno de tensión social con miles de personas congregadas, donde una intervención sin apoyo táctico, sin uniformidad y sin coordinación por radio habría supuesto un riesgo inasumible para la seguridad pública y la integridad de los propios funcionarios.
En definitiva, la estrategia de los mossos investigados intenta trasladar la responsabilidad hacia la cúpula operativa y política. Si la Dirección General de la Policía estableció que el éxito del dispositivo se medía por la ausencia de incidentes en la investidura, y no por la detención de Puigdemont, la acusación particular contra estos agentes pierde, según el recurso, su base jurídica fundamental. El tribunal deberá ahora decidir si este «elemento sobrevenido» es suficiente para archivar la causa o si se mantiene el camino hacia el juicio oral.