El calendario judicial de noviembre se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La figura central de esta tensión es José Ángel Partearroyo, quien fuera director de Participadas de la SEPI, cuya comparecencia ante los tribunales promete arrojar luz sobre las zonas de sombra en los millonarios rescates públicos concedidos tras la crisis sanitaria. Su testimonio no es un trámite cualquiera: al acudir en calidad de testigo, la ley le obliga a la veracidad absoluta, bajo riesgo de incurrir en un delito de falso testimonio si sus palabras no se ajustan a la realidad de los hechos documentados.
El eje de la controversia: Las fechas clave ante el juez
La agenda de Partearroyo está marcada por dos hitos procesales de máxima relevancia. El próximo 19 de noviembre, el exdirectivo deberá personarse ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional para responder por el polémico expediente de la aerolínea Plus Ultra. Apenas cinco días después, el 24 de noviembre, su destino será el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, donde el magistrado José María Escribano lidera las pesquisas sobre la ayuda de 475 millones de euros inyectada en Air Europa.
Lo que genera mayor nerviosismo en las filas del PSOE no es solo la cantidad de información que maneja el antiguo directivo, sino su posición estratégica durante la tramitación de estos fondos. Como responsable técnico, Partearroyo coordinó los engranajes que permitieron el flujo de capital público hacia empresas privadas, lo que le otorga una visión privilegiada sobre quiénes fueron los verdaderos impulsores de estas operaciones en las esferas políticas más altas.
Contradicciones internas y la sombra sobre María Jesús Montero
Uno de los puntos más críticos de las próximas declaraciones radica en la discrepancia pública existente entre la versión de la SEPI y la del Ministerio de Hacienda. Mientras que la ministra María Jesús Montero ha defendido históricamente que el organismo elaboró informes técnicos rigurosos para avalar los rescates, Partearroyo ya dejó caer en sede parlamentaria que tales informes propios nunca existieron como tal. Según su testimonio previo en el Senado, la entidad se limitó a validar las conclusiones de asesores externos, actuando él mismo como puente de comunicación.
Esta diferencia de criterios pone en una situación comprometida a Montero, máxima responsable política del holding público. Los investigadores tratan de discernir si la SEPI ejerció un control real sobre el dinero de los contribuyentes o si, por el contrario, se limitó a dar una pátina de legalidad técnica a decisiones que ya estaban tomadas en despachos ministeriales.
Las pruebas de la UDEF: Un canal directo con Plus Ultra
La investigación sobre Plus Ultra cuenta con un material probatorio que podría ser determinante durante el interrogatorio. La UDEF ha recopilado comunicaciones directas entre Partearroyo y la cúpula de la aerolínea, específicamente con su consejero delegado, Roberto Boselli. Estas interacciones sugieren una cercanía que excede la mera gestión administrativa:
- Información privilegiada sobre el estado de los expedientes antes de su aprobación oficial.
- Coordinación para evitar filtraciones a la prensa antes de los Consejos de Ministros.
- Reconocimientos explícitos de la compañía agradeciendo el papel fundamental del directivo en la obtención de la ayuda.
El laberinto de Air Europa y la trama de influencias
El caso de Air Europa escala la magnitud del conflicto no solo por la cuantía del rescate, sino por los nombres que orbitan alrededor de la operación. La justicia investiga si figuras como Víctor de Aldama, Koldo García o incluso el entorno más cercano a la presidencia del Gobierno, como Begoña Gómez, pudieron influir en la celeridad con la que se aprobó la inyección de 475 millones de euros.
Partearroyo, que representó a la SEPI en el consejo de administración de la aerolínea, conoce de primera mano si hubo presiones para «imprimir velocidad» a un proceso que, según sospechan las acusaciones, pudo saltarse protocolos de seguridad financiera habituales. Su testimonio sobre las reuniones previas a la solicitud formal será vital para desentrañar el papel de los intermediarios en este complejo entramado de intereses públicos y privados.
Consecuencias de un testimonio bajo juramento
A diferencia de sus comparecencias en comisiones parlamentarias, donde el coste político es alto pero el legal es limitado, enfrentarse a un juez como testigo cambia radicalmente el escenario para Partearroyo. La Fiscalía Anticorrupción observa con lupa sus movimientos; una contradicción grave con las pruebas documentales de la UCO o la UDEF podría transformar su condición de testigo en la de investigado de forma inmediata.
En definitiva, el testimonio del exdirectivo actúa como una pieza de dominó que, al caer, podría arrastrar a altos cargos de la administración actual. La veracidad de sus respuestas determinará si los rescates fueron una medida de auxilio económico legítima o una red de favores tejida bajo el amparo de la emergencia pandémica.