La seguridad en las fronteras terrestres de la Unión Europea en África vuelve a estar en el centro del debate, pero no por la presión migratoria, sino por la fragilidad de sus plantillas policiales. La reciente orden del Ministerio del Interior de retirar a los agentes de refuerzo desplazados a Ceuta y Melilla ha provocado un profundo malestar en las organizaciones sindicales, que denuncian un modelo de seguridad basado en «parches» temporales que no soluciona el déficit estructural de agentes en las ciudades autónomas.
El fin de los refuerzos extraordinarios y la seguridad intermitente
Tras meses de despliegue extraordinario motivado por los picos de tensión fronteriza, cerca de 210 agentes de las Unidades de Intervención (UIP) y de Reserva han recibido la instrucción de regresar a la Península. Este repliegue, que afecta a 160 efectivos en Ceuta y unos 50 en Melilla, responde a la necesidad de cubrir dispositivos de seguridad en el resto del territorio nacional ante la proximidad de procesos electorales y otros eventos de relevancia.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierten que esta movilidad constante de funcionarios es un síntoma de una planificación deficiente. Según los representantes de los trabajadores, la seguridad de puntos críticos como la frontera con Marruecos no puede depender de la disponibilidad de agentes en otros puntos de España. La exigencia es clara: pasar de un sistema de comisiones de servicio temporales a un incremento real y consolidado de los efectivos destinados de forma permanente en ambas ciudades.
La brecha entre el catálogo oficial y la operatividad real
Uno de los puntos de fricción más importantes entre los sindicatos y la administración reside en la interpretación de los datos de personal. Mientras que el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) de Melilla, por ejemplo, refleja una cifra superior a los 600 funcionarios, la realidad operativa es muy distinta. Las organizaciones policiales señalan que estas cifras están «infladas» a efectos prácticos por varios factores:
- Presencia de especialidades no operativas que computan en el total pero no participan en el control fronterizo.
- Personal destinado exclusivamente a labores administrativas o de gestión burocrática.
- Funciones de seguridad ciudadana que se ven desbordadas cuando deben asumir competencias de extranjería e identificación documental.
Para corregir esta situación, se reclama una reorganización integral de los puestos. El objetivo es que las unidades de primera línea, aquellas que gestionan la vigilancia de la valla y el control de los pasos fronterizos, tengan un peso específico mayor en la planificación estratégica, evitando que las bajas o los traslados dejen desprotegidos los puntos de mayor fricción.
Precariedad logística: Dietas obsoletas y falta de medios
Más allá de la falta de personal, los sindicatos han puesto el foco en las condiciones de vida de los agentes desplazados. Organizaciones como JUPOL y el CEP han denunciado que los policías destinados temporalmente a Ceuta han tenido que alojarse en instalaciones militares con serias deficiencias, incluyendo problemas de hacinamiento y falta de climatización básica.
A esto se suma un problema económico persistente: la cuantía de las dietas. Actualmente, un agente desplazado recibe 77,13 euros diarios para cubrir alojamiento y manutención, una cifra que se mantiene congelada desde el año 2005. En un contexto de inflación creciente y encarecimiento del sector hotelero, los funcionarios se ven obligados con frecuencia a sufragar de su propio bolsillo la diferencia para poder alimentarse y dormir en condiciones dignas durante su servicio.
Hacia un nuevo modelo de protección fronteriza
La conclusión de los expertos y representantes policiales es que el actual sistema está agotado. No basta con movilizar unidades de élite cuando estalla una crisis mediática; es imperativo dotar a Ceuta y Melilla de infraestructuras modernas y equipos de protección adecuados para el día a día. La demanda de un aumento de plantilla no es solo una cuestión laboral, sino una necesidad estratégica para garantizar la integridad territorial y la seguridad de los propios agentes.
En el escenario actual, tras la salida de las unidades de refuerzo, en Ceuta y Melilla solo permanecen destacamentos mínimos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. Para los sindicatos, esta «desescalada» de efectivos deja a las fronteras en una situación de vulnerabilidad preventiva que solo podrá resolverse con una voluntad política que priorice la estabilidad sobre el parche coyuntural.