La justicia española ha dado un golpe de autoridad frente a los intentos de los investigados por delimitar el alcance de las pesquisas financieras en el denominado caso Leire Díez. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado de forma tajante las pretensiones de la defensa, validando un rastreo exhaustivo que afecta a un total de 81 cuentas bancarias vinculadas al entorno del PSOE y a figuras clave como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías.
Un cerco financiero sin restricciones sobre la trama
La decisión judicial surge tras los recursos presentados por Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Estos buscaban que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil limitara sus inspecciones únicamente a los movimientos bancarios desde los cuales se realizaron pagos directos a la exmilitante socialista Leire Díez. Sin embargo, Pedraz considera que restringir el análisis a una sola cuenta sería un error táctico que podría ocultar el flujo real del dinero.
El argumento central del juez, alineado con las tesis de la Fiscalía, reside en la alta probabilidad de que el capital haya circulado a través de un complejo entramado. Se sospecha que los fondos pudieron ser transferidos entre múltiples cuentas de una misma persona o entidad para difuminar el rastro de la financiación. Por ello, el análisis de las 81 cuentas de sociedades como Zaño Consultores y cuentas personales de los implicados resulta «indispensable» para la instrucción.
El presunto sistema de protección judicial del PSOE
La investigación apunta a que, desde el año 2021, se habría articulado una organización con el objetivo de blindar al Gobierno y al PSOE frente a diversas causas judiciales. Lo que comenzó como una supuesta red de irregularidades en la contratación pública habría derivado en una estructura dedicada a cometer delitos contra la Administración de Justicia.
Dentro de este esquema, el papel de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, es objeto de lupa. Según las hipótesis de la Guardia Civil, Cerdán habría facilitado un «imbricado sistema de soporte económico» para financiar estas actividades de protección política. El uso de sociedades interpuestas y la colaboración de letrados habrían sido las herramientas para canalizar los pagos a Leire Díez, manteniendo la opacidad de los movimientos.
- Rastreo masivo: Control de movimientos bancarios desde 2021 hasta la actualidad.
- Pieza separada: Creación de una unidad económica exclusiva para filtrar los datos bancarios y evitar filtraciones masivas de información privada no relevante.
- Entramado societario: Análisis de Zaño Consultores y otras entidades bajo sospecha de servir como pantalla.
La versión de Zarrías: Del «pendrive» a la decepción
Por su parte, la defensa de Gaspar Zarrías califica la diligencia de Pedraz como una «investigación prospectiva» sin fundamento jurídico sólido. Zarrías admite haber contratado a Díez en 2024 y haberle abonado 16.000 euros, pero sostiene que fue un acuerdo profesional legítimo movido por el interés de la exmilitante en demostrar que el caso ERE fue un montaje policial.
Según los abogados del exdirigente andaluz, la relación se rompió tras recibir un dispositivo USB que no cumplía con las expectativas de información prometidas. Insisten en que es imposible que su contratación tuviera como fin entorpecer procesos judiciales, dado que la trama de los ERE ya estaba judicialmente cerrada y sentenciada. No obstante, para la Audiencia Nacional, estas explicaciones no son suficientes para frenar la necesidad de comprobar si existe un trasfondo de financiación irregular detrás de estos pagos aparentemente aislados.
Próximos pasos en la instrucción económica
El proceso entra ahora en una fase crítica de análisis técnico. La UCO deberá desgranar los miles de movimientos de las 81 cuentas autorizadas para intentar reconstruir el puzle financiero de la red. Para garantizar los derechos de los investigados, el juez ha ordenado que la información se gestione en una pieza separada económica, donde solo se incorporarán a la causa principal aquellos datos que demuestren indicios de criminalidad, descartando el material irrelevante para el caso.
Esta resolución de Pedraz reafirma que la lucha contra la corrupción política requiere de una visión global de las finanzas de los sospechosos, impidiendo que el uso de múltiples cuentas bancarias sirva como refugio frente a la acción de la justicia.