La investigación judicial sobre el entorno de Koldo García, antiguo asesor ministerial, ha dado un giro hacia la fiscalización de su capacidad económica para costear su estrategia jurídica. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha emitido un requerimiento formal para que se clarifique si las facturas presentadas hasta la fecha cubren la totalidad de los honorarios devengados por su representación legal.
Transparencia financiera bajo sospecha en la Audiencia Nacional
El foco del instructor se sitúa sobre Leticia de la Hoz, quien hasta hace apenas unas horas ejercía como la abogada de confianza de García. Pedraz busca determinar si el desglose de pagos aportado es exhaustivo o si existen fondos adicionales no declarados que hayan sufragado la defensa en el marco del denominado «caso Leire». Esta solicitud de información llega en un momento crítico, justo después de que la letrada anunciara que abandonaba la defensa del exasesor por motivos de índole profesional.
Cabe destacar que la situación procesal de De la Hoz es compleja, ya que ella misma figura como investigada en la causa. Por este motivo, el juez le ha recordado su derecho constitucional a no declarar o a no aportar pruebas que pudieran incriminarla, una garantía fundamental en el ordenamiento jurídico español cuando se solicita información a una parte imputada.
Las facturas de los 242.000 euros: ¿Quién paga realmente?
Uno de los puntos más controvertidos del procedimiento radica en el origen de los 242.000 euros (IVA incluido) que, según la versión de la defensa, habrían sido abonados por una mercantil editora de medios de comunicación. De la Hoz presentó dos facturas específicas para intentar desvincular al Partido Socialista de cualquier financiación indirecta de los gastos legales de Koldo García:
- Un primer pago de 181.500 euros emitido en noviembre de 2025 bajo el concepto de asesoramiento jurídico y gastos procesales.
- Una segunda factura de 60.500 euros fechada en enero del presente año, manteniendo el mismo concepto de honorarios.
El objetivo declarado de esta aportación documental era frenar las especulaciones sobre si la formación política estaba sufragando los costes legales del exasesor de José Luis Ábalos, algo que la defensa ha negado categóricamente ante el juzgado.
Conexiones entre despachos y el pago a la defensa de Gaspar Zarrías
La providencia de Pedraz no se limita únicamente al entorno inmediato de García. El magistrado ha extendido sus pesquisas a otros movimientos de capital detectados por la Agencia Tributaria. En concreto, se ha puesto la lupa sobre una transferencia de 105.122 euros realizada desde el despacho de Ismael Oliver hacia el equipo legal de Gaspar Zarrías, también implicado en la trama.
El juez requiere a Oliver una justificación detallada de los servicios profesionales que motivaron semejante desembolso. Al igual que con De la Hoz, el instructor reconoce el derecho de Oliver a no facilitar documentación que pueda perjudicar su situación procesal personal, dada su condición de investigado.
El rastro digital y las presiones a la judicatura
Más allá de las finanzas, la instrucción avanza en el análisis de las supuestas maniobras de presión dirigidas contra miembros del poder judicial. La Policía Nacional ha entregado un atestado que identifica perfiles en redes sociales, específicamente una cuenta de Facebook, que habría contactado con personas del entorno del caso para intentar desacreditar o «eliminar» profesionalmente a la magistrada Beatriz Biedma.
Este hilo de investigación, que conecta con las llamadas «cloacas del PSOE», tendrá un hito relevante el próximo 24 de noviembre, fecha en la que está prevista la declaración de testigos clave para esclarecer quién operaba tras estos perfiles digitales. Con estas diligencias, el juez Pedraz busca completar el puzzle de una red que, presuntamente, utilizó tanto recursos económicos opacos como tácticas de coacción para blindar a sus integrantes de la acción de la justicia.