La investigación judicial sobre la denominada trama «Leire» ha dado un giro significativo hacia las entrañas administrativas del partido en el Gobierno. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha emitido un requerimiento formal para que el PSOE facilite un inventario exhaustivo de todos los despachos de abogados y consultorías externas contratados entre los años 2021 y 2025. Esta medida busca esclarecer si la estructura de la formación fue utilizada para facilitar gestiones opacas en favor de intereses particulares.
El foco sobre Nervis Villalobos y la nacionalidad española
Dentro de este complejo tablero judicial, la figura de Nervis Villalobos, antiguo subsecretario de Energía Eléctrica durante la etapa de Hugo Chávez en Venezuela, emerge como una pieza central. Pedraz lo ha citado en calidad de investigado para el próximo 28 de octubre. El objetivo principal de este interrogatorio es que Villalobos presente la documentación original que sirvió de base para su solicitud de nacionalidad española bajo el amparo de la Ley de Memoria Histórica.
La justicia sospecha que el expediente del exviceministro pudo haber sido agilizado mediante influencias políticas. Se investiga si los documentos presentados, como el certificado de nacimiento de su abuela española, fueron parte de una estrategia de tráfico de influencias orquestada por la red que lideraba la exmilitante Leire Díez. Los investigadores han detectado anotaciones manuscritas en las agendas de Díez que vinculan directamente el apellido de Villalobos con gestiones administrativas críticas.
Implicaciones políticas: El papel de Ferraz en la trama
El auto judicial no solo se limita a la conexión venezolana, sino que profundiza en el papel que habrían desempeñado figuras de peso dentro del aparato del PSOE. Según las indagaciones, Santos Cerdán, secretario de Organización, habría sido una pieza clave al supuestamente permitir que la infraestructura del partido sirviera de soporte para las actividades de la red. Se sospecha que la trama habría movilizado cerca de 188.000 euros a través de un sistema de facturación irregular que ahora está bajo la lupa del instructor.
- Análisis de contratos y notas de encargo de servicios jurídicos externos.
- Verificación de pagos efectuados por el partido a consultoras específicas.
- Cruces de información entre las sedes territoriales y la central del partido.
Testigos clave y la conexión con el Ministerio de Justicia
Para complementar el cuadro probatorio, el juez Pedraz ha citado también a declarar a dos altos cargos del Ministerio de Justicia vinculados al área de nacionalidad y estado civil. Estos testimonios serán fundamentales para entender cómo se tramitó el expediente de Villalobos y si existió algún tipo de presión externa. La investigación sugiere que la red intentó incluso establecer puentes con el entorno de José Luis Escrivá para facilitar el desbloqueo de cuentas bancarias en España pertenecientes al exmandatario venezolano.
La estrategia de descrédito contra la fiscalía
Un aspecto alarmante que analiza el magistrado es la supuesta campaña de desprestigio dirigida contra miembros de la judicatura y el Ministerio Público. Se baraja la hipótesis de que la trama Leire buscó «neutralizar» al fiscal José Grinda, quien investigaba a Villalobos en otras causas de corrupción. El plan habría consistido en utilizar testimonios falsos para condicionar la actuación fiscal, llegando a mencionarse en la instrucción una posible oferta de 300.000 euros a cambio del archivo de ciertos procedimientos judiciales, un extremo que el entorno de los implicados rechaza tajantemente.
Con esta solicitud de información al PSOE, la Audiencia Nacional busca determinar si los fondos y la legitimidad del partido fueron instrumentalizados para fines ajenos al interés público, marcando un precedente en la fiscalización de los servicios de asesoría contratados por las formaciones políticas en España.