Un compás de espera judicial ante la inminente jubilación de Peinado
El procedimiento judicial que envuelve a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha entrado en una fase de incertidumbre técnica tras la última decisión del magistrado Juan Carlos Peinado. A pesar de haber convocado la audiencia preliminar este martes en los juzgados de Plaza Castilla, el juez ha optado por dilatar su pronunciamiento sobre la apertura del juicio oral. Esta pausa se produce en un momento crítico para el instructor, quien tiene previsto iniciar un periodo de descanso de diez días antes de su jubilación definitiva el próximo 27 de septiembre, fecha en la que cumplirá 72 años.
La normativa procesal, específicamente la Ley del Jurado, otorga al magistrado un margen de tres días tras la comparecencia para dictar el auto correspondiente. No obstante, la coincidencia con su calendario vacacional deja en el aire si la decisión final sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación se producirá de forma inmediata o si la resolución se demorará hasta su regreso, apenas unos días antes de abandonar su cargo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Tensión en Plaza Castilla: Entre comparecencias tardías y estrategias de defensa
La jornada del martes estuvo marcada por la complejidad logística. Jaime Campaner, abogado defensor de Gómez, solicitó inicialmente el aplazamiento de la vista debido a compromisos previos en otras sedes judiciales. Ante la negativa de Peinado, que apeló a la necesidad de no dilatar el proceso de forma indefinida, el letrado finalmente acudió a la cita en horario vespertino. Durante la sesión, la estrategia de la defensa se centró en cuestiones formales del procedimiento, evitando entrar en el fondo de los hechos imputados, manteniendo la postura de que no existe base delictiva en las actuaciones de su representada.
Por su parte, la Fiscalía ha mantenido una línea coherente con sus intervenciones previas, reiterando su solicitud de absolución para Begoña Gómez. Esta postura contrasta radicalmente con las pretensiones de las acusaciones populares, lo que subraya la polarización jurídica que ha caracterizado a este caso desde su fase embrionaria.
Las disparidades en las peticiones de condena
El escenario penal que afrontan las investigadas presenta una brecha abismal entre los criterios del Ministerio Público y la acusación popular liderada por Hazte Oír. Los escritos presentados hasta la fecha dibujan dos realidades jurídicas opuestas:
- Acusación Popular: Solicita una pena de 13 años de prisión para Begoña Gómez y 6 años para Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, bajo la tesis de una malversación continuada.
- Ministerio Fiscal: Sostiene la inexistencia de indicios racionales de criminalidad, abogando por el archivo o la libre absolución de ambas.
- Escrito de Defensa: Reclama el sobreseimiento libre, argumentando que las acusaciones carecen de sustento probatorio y se basan en interpretaciones extensivas de la norma penal.
El cierre del ciclo judicial de Peinado
Con el reloj biológico y profesional en contra, el juez Peinado se enfrenta al dilema de cerrar este capítulo antes de que su plaza sea ocupada por un sucesor. Aunque teóricamente podría dictar el auto de apertura de juicio oral durante sus días de asueto, la lógica procesal sugiere que la resolución final se convertirá en su último gran acto de servicio antes de la jubilación forzosa. Este desenlace determinará si el caso Gómez llega finalmente ante un jurado popular o si, por el contrario, se desinfla antes de pisar la sala de vistas.