El paradigma de la lucha contra el crimen organizado transnacional está virando hacia una estrategia donde la eficacia no se mide solo en detenciones, sino en la capacidad de neutralizar el poder económico de las mafias. En este escenario, Teresa Peramato, fiscal general del Estado, ha subrayado la necesidad imperativa de transformar la relación entre la Unión Europea y América Latina en una maquinaria operativa capaz de golpear las estructuras financieras delictivas con agilidad y contundencia.
El rastro del capital: prioridad absoluta en la instrucción
Para la jefa del Ministerio Público español, la justicia contemporánea se enfrenta a un desafío que trasciende las fronteras físicas. Durante su intervención en los II Diálogos de El Pacto 2.0 en Cuzco, Perú, Peramato ha enfatizado que localizar y decomisar activos debe ser el eje vertebrador de cualquier proceso penal moderno. La premisa es clara: privar a las organizaciones de sus recursos es la única forma de garantizar que no se regeneren tras los arrestos de sus líderes.
Bajo esta visión analítica, la investigación financiera no debe ser una fase secundaria, sino un pilar que se active desde el minuto uno. Esto implica implementar mecanismos de:
- Detección temprana de flujos de efectivo y propiedades vinculadas a actividades ilícitas.
- Intercambio inmediato y fluido de información entre organismos fiscales internacionales.
- Ejecución de embargos coordinados para evitar la fuga de capitales hacia paraísos fiscales.
- Transparencia total sobre los beneficiarios finales en estructuras societarias complejas.
De la burocracia a la operatividad judicial
Uno de los puntos más críticos señalados por Peramato es el agotamiento del modelo tradicional de solicitudes bilaterales, a menudo lento y farragoso. El objetivo es evolucionar hacia los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), herramientas que permiten a los fiscales de diferentes países trabajar en una misma mesa, compartiendo pruebas en tiempo real sin las trabas de las comisiones rogatorias clásicas.
Como secretaria general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Peramato busca que los 22 ministerios públicos que integran esta red se convierten en interlocutores directos y estables de la Unión Europea. Esta alianza estratégica permitiría una interlocución sin fisuras con organismos como Eurojust y la Fiscalía Europea (EPPO), creando un frente jurídico común frente al narcotráfico, la trata de personas y el blanqueo de capitales.
Hacia un nuevo diseño de la cooperación internacional
La reciente propuesta de la Comisión Europea para reformar el Reglamento de Eurojust es vista por la fiscal general como una oportunidad histórica. Esta actualización normativa facilitaría que los países externos a la Unión Europea se integren mejor en las dinámicas de trabajo comunitarias. Peramato defiende que las fiscalías generales dejen de ser meras receptoras de protocolos para convertirse en arquitectas del diseño operativo de la cooperación internacional.
En conclusión, el fortalecimiento del eje atlántico en materia de justicia no es solo una cuestión de voluntad política, sino de arquitectura institucional flexible. La visión propuesta en Perú aboga por un sistema menos burocrático, donde la información retorne de forma transparente a todas las fiscalías implicadas y donde el éxito de la justicia se traduzca, de manera tangible, en el desmantelamiento financiero de quienes operan al margen de la ley.