El escenario de la apertura del Año Judicial ha servido de plataforma para una defensa férrea de la integridad de los tribunales. En un contexto de creciente tensión política, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha roto el silencio institucional para señalar las repercusiones democráticas que conlleva el uso del término lawfare por parte de representantes del Estado. Sus palabras no solo buscan blindar a los magistrados, sino recordar que la salud del sistema depende del respeto mutuo entre los distintos poderes.
El riesgo de criminalizar la labor jurisdiccional
Uno de los puntos más críticos del discurso de Perelló ha sido la advertencia sobre la deriva de las críticas hacia los jueces. Al señalar que estas acusaciones de actuar bajo intereses partidistas son de extraordinaria gravedad, la presidenta del CGPJ ha recordado que no se trata de simples diferencias de opinión. Sugerir que un juez opera bajo criterios políticos en lugar de ajustarse estrictamente a la legalidad puede interpretarse, según su análisis, como la atribución de una conducta delictiva.
Este planteamiento eleva el tono de la queja institucional, pues sitúa la descalificación política en el terreno de la acusación penal velada. Perelló ha hecho especial hincapié en que este fenómeno se agrava sustancialmente cuando los ataques provienen de quienes ostentan responsabilidades institucionales, lo que supone una quiebra en la confianza que la ciudadanía debe tener en sus órganos de justicia.
La cooperación constitucional como freno a la presión política
Lejos de ser una cuestión de cortesía o protocolo, la presidenta ha subrayado que la lealtad institucional es un pilar fundamental para el equilibrio de poderes. La presión a los jueces mediante el uso retórico del lawfare es considerada «inadmisible» en un Estado de derecho plenamente funcional. Según Perelló, el respeto a la labor judicial no debe entenderse como una deferencia, sino como un mecanismo de cooperación indispensable.
- Separación de poderes: El Poder Judicial actúa como el contrapeso necesario frente al Ejecutivo y el Legislativo.
- Límites de la discrepancia: Aunque el desacuerdo es vital en democracia, este no debe socavar la función constitucional de los jueces.
- Seguridad jurídica: La deslegitimación de las sentencias por motivos políticos pone en riesgo la estabilidad del marco legal.
Hacia un marco de respeto en el debate público
La intervención de Perelló cierra con un llamamiento a la responsabilidad compartida. Si bien reconoce que los jueces también deben ejercer sus funciones con rigor y ética, insiste en que el Poder Legislativo y el Ejecutivo tienen la obligación de salvaguardar el prestigio de la justicia. La idea central es clara: la discrepancia profunda es sana, pero el cuestionamiento sistemático de la imparcialidad judicial sin pruebas objetivas debilita los cimientos de la convivencia constitucional.
En definitiva, el mensaje enviado desde la cúpula del Poder Judicial busca trazar una línea roja clara. El uso de la terminología de persecución judicial como herramienta de combate político no solo afecta a los nombres propios de los magistrados, sino que compromete la independencia judicial y la percepción global de España como una democracia de plenas garantías.