El PP de Cantabria mantiene su respaldo a David Setién frente a las acusaciones de agresión
La cúpula del Partido Popular de Cantabria ha decidido no emprender, por el momento, medidas disciplinarias contra su concejal en Ruesga, David Setién. Esta determinación llega tras la denuncia presentada por el secretario general del PSOE regional y delegado del Gobierno, Pedro Casares, quien sostiene haber sido objeto de una agresión física y verbal durante un encuentro fortuito en un evento público.
Tras llevar a cabo una investigación interna bajo la figura de información reservada, la formación conservadora ha manifestado que el relato ofrecido por Setién goza de mayor credibilidad que la acusación inicial. El partido ha optado por un cierre de filas institucional, basándose en la falta de evidencias concluyentes que respalden la versión del líder socialista en esta etapa preliminar.
Discrepancias en el relato de los hechos en Arredondo
El incidente, que habría tenido lugar en el marco de una feria ganadera en la localidad de Arredondo, presenta dos versiones totalmente contrapuestas. Mientras que Casares denunció ante la Guardia Civil haber recibido una bofetada, el edil popular ha negado tajantemente cualquier contacto físico violento. Según la información proporcionada por el Comité de Derechos y Garantías del PP, el testimonio de Setién no es el único que contradice al delegado del Gobierno.
- El concejal niega de forma rotunda la existencia de una bofetada o agresión física.
- Varios testigos presenciales han corroborado la versión del edil popular, asegurando que no se produjo tal altercado.
- La declaración oficial ante las autoridades se mantiene firme en la inocencia del representante de Ruesga.
La presunción de inocencia y el proceso judicial como hoja de ruta
La secretaria autonómica del PP cántabro, María José González Revuelta, ha enfatizado que su organización no tomará decisiones precipitadas mientras el caso se encuentre bajo instancia judicial. Para la dirección popular, es imperativo que se respeten los tiempos de la justicia y se garantice el derecho de defensa del concejal involucrado.
Desde el Partido Popular se ha recalcado un rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia, pero sostienen que, ante la falta de coincidencia entre el relato del denunciante y los testimonios recabados, la prudencia debe prevalecer. La formación esperará a que el proceso judicial clarifique lo sucedido antes de evaluar si es necesario aplicar el reglamento interno, blindando así la presunción de inocencia de su cargo público ante lo que consideran, por ahora, una acusación no probada.
Este episodio tensa aún más las relaciones entre las dos principales fuerzas políticas de la región, dejando en manos de los tribunales la resolución de un conflicto que ha saltado de la esfera personal a la arena pública e institucional en Cantabria.