La tensión política en Andalucía ha cruzado el umbral de los atriles para trasladarse directamente a las mesas de análisis periodístico. El PSOE ha formalizado una denuncia ante la Junta Electoral señalando directamente a la dirección de Canal Sur. El motivo principal de esta ofensiva legal radica en la selección de analistas y contertulios que participaron en los programas satélites al último gran debate electoral de la RTVA, emitido el pasado lunes.
El cuestionamiento del pluralismo en la televisión pública
Para la formación socialista, la cobertura informativa del evento denominado ‘Debate decisivo’ careció de la equidistancia necesaria. Según el escrito presentado, la mesa de opinión configurada por la cadena autonómica presentaba una ausencia de diversidad ideológica que, a juicio del partido, favorecía el relato institucional del actual Ejecutivo andaluz. El PSOE sostiene que el marco interpretativo de los tertulianos fue excesivamente homogéneo, impidiendo que la audiencia recibiera visiones críticas o discrepantes con la gestión de Moreno Bonilla.
Lo que diferencia esta reclamación de otras quejas habituales en periodos electorales es el señalamiento explícito de profesionales con nombres y apellidos. El partido considera que los perfiles invitados no cumplen con su estándar de pluralismo político, una postura que ha generado un hondo malestar en el sector comunicativo por lo que implica de fiscalización del trabajo periodístico.
Profesionales señalados: un listado bajo sospecha política
La denuncia identifica a varios periodistas de larga trayectoria y prestigio, cuya presencia en la mesa de análisis es considerada por los socialistas como insuficiente para garantizar la neutralidad. Entre los nombres citados en el documento entregado a la Junta Electoral se encuentran:
- Silvia Sanz y Teodoro León Gross, rostros habituales de la cadena pública.
- Juan Carlos Blanco, cuya mención resulta especialmente llamativa dado que fue portavoz gubernamental bajo el mandato de Susana Díaz.
- Susana Valdés, Inmaculada Jiménez y Javier Caraballo, profesionales vinculados a medios de ámbito nacional.
Resulta paradójico que el PSOE cuestione la pluralidad de figuras que, en casos como el de Juan Carlos Blanco, han tenido una vinculación directa y orgánica con el propio partido en etapas anteriores. Esta contradicción ha sido utilizada por sectores internos de la RTVA para calificar la denuncia como una estrategia de presión en la recta final de la campaña electoral.
Respuesta de la cadena y el clima de huelga
Desde el entorno de Canal Sur no han ocultado su asombro ante lo que consideran un intento de amordazar la libertad de expresión. Fuentes internas de la radio televisión pública denuncian que este tipo de acciones legales buscan amedrentar a los comunicadores y condicionar los contenidos en un momento crítico. Argumentan que los profesionales señalados cuentan con currículos que abarcan desde la Cadena Ser hasta El Confidencial, lo que avalaría su capacidad de análisis más allá de consignas partidistas.
Este conflicto se suma a un escenario ya de por sí volátil, marcado por la convocatoria de paros laborales que algunos trabajadores califican de huelga política. No es la primera vez que los socialistas intentan frenar la línea informativa de la cadena en este periodo; recientemente, otra denuncia por presunta falta de objetividad en el tratamiento de casos judiciales fue desestimada por las autoridades electorales.
Consecuencias para la libertad de prensa
La petición del partido no se limita a la queja; solicitan medidas urgentes para que la RTVA modifique sus criterios de selección de personal externo de forma inmediata. Sin embargo, esta pretensión choca con la autonomía editorial de los medios públicos, abriendo un debate jurídico sobre hasta dónde puede llegar el control de los partidos sobre los analistas independientes.
En definitiva, el movimiento del PSOE pone de relieve la fractura existente entre el principal partido de la oposición y la televisión autonómica, en un contexto donde el control del relato parece ser tan decisivo como el propio debate electoral. La resolución de la Junta Electoral determinará si los criterios de invitación a las tertulias deben estar sujetos a cuotas políticas o si prevalece el criterio profesional periodístico.