La tensión política en la Comunidad de Madrid se intensifica tras el reciente bloqueo administrativo en torno a la adquisición de un inmueble de alto valor. El PSOE-M ha denunciado formalmente lo que considera una estrategia de ocultación por parte del Ejecutivo regional, después de que se les impidiera acceder a la documentación relativa a la compra de un ático valorado en 6,3 millones de euros.
Trabas administrativas y denuncias por falta de transparencia
El conflicto surge tras la respuesta de Planifica Madrid, la empresa pública encargada de la gestión, a una petición formal de información. La diputada socialista Tatiana Jiménez intentó obtener el expediente de compra a través de canales directos, recibiendo como respuesta un burofax que redirige cualquier consulta a la Asamblea de Madrid. Para la oposición, este movimiento no es un trámite ordinario, sino una barrera para dificultar la fiscalización de los fondos públicos.
Desde las filas socialistas, se critica que esta maniobra busca aprovechar la mayoría absoluta del Partido Popular en la Mesa de la Asamblea. Según la portavoz Mar Espinar, este control parlamentario permite al Gobierno regional filtrar o denegar peticiones que, por derecho y normativa de transparencia, deberían ser de acceso público inmediato para los representantes de los ciudadanos.
Un inmueble bajo sospecha: de despacho a fondo para emergencias
La polémica no solo reside en el acceso a la información, sino en el origen y propósito de la operación inmobiliaria. El activo en cuestión es un piso de lujo que, según la versión oficial inicial, funcionaría como despacho provisional para Isabel Díaz Ayuso mientras se ejecutaban obras de mejora en la Real Casa de Correos. Sin embargo, diversos factores han puesto en duda esta justificación:
- La ausencia de normativa que habilite una vivienda residencial para funciones de oficina institucional.
- El elevado coste de adquisición, que supera los 6 millones de euros de dinero público.
- La falta de comunicación pública de la compra hasta que fue filtrada por medios de comunicación.
Reacción gubernamental ante el escrutinio público
Ante el impacto mediático y las críticas de la oposición, la Comunidad de Madrid ha dado un giro en su estrategia. En lugar de mantener el inmueble, ha anunciado su salida a subasta con un precio de salida de 6,69 millones de euros. El Gobierno autonómico ha afirmado que los beneficios obtenidos de esta venta se destinarán íntegramente a los planes de recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales en la sierra oeste madrileña.
No obstante, para el PSOE-M, este anuncio de venta no exime al Ejecutivo de explicar las irregularidades en la gestión inicial. Los socialistas insisten en que el cambio de destino del inmueble es una «huida hacia adelante» para evitar dar explicaciones sobre una operación que consideran injustificada desde el punto de vista administrativo y ético.
El papel de la Mesa de la Asamblea en la fiscalización
El futuro del expediente depende ahora del recorrido parlamentario. La oposición teme que el uso de los cauces reglamentarios de la Asamblea se convierta en un callejón sin salida donde las solicitudes de información queden archivadas sin respuesta. Este caso reabre el debate sobre los límites de la autonomía de las empresas públicas y la necesidad de mecanismos de control más ágiles que impidan la opacidad en grandes inversiones patrimoniales del sector público madrileño.