El escenario jurídico para los líderes independentistas que residen fuera de España parece haber entrado en una fase resolutiva. Según el letrado Gonzalo Boye, el retorno de Carles Puigdemont a Cataluña es una posibilidad que se encuentra actualmente garantizada en gran medida, extendiendo esta seguridad también a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín.
Certezas legales ante el fin de la desjudicialización
Durante una reciente intervención en un espacio de análisis junto a Artur Mas, el abogado defensor ha subrayado que la desjudicialización del conflicto catalán está llegando a un punto de no retorno. No obstante, Boye ha insistido en que su consejo profesional hacia Puigdemont es actuar con cautela máxima, esperando a que existan notificaciones formales y documentos firmados antes de proceder con el regreso físico al territorio nacional.
Esta normalización de la situación del expresidente se percibe, según el análisis de su defensa, como un desafío de gestión política inminente para el Gobierno central, dado que la aplicación de los nuevos marcos legales debería facilitar el cierre de las causas pendientes en el corto plazo.
La confrontación con el sistema judicial interno
Al abordar la negativa de ciertos sectores de la judicatura española a implementar la Ley de Amnistía, Boye se ha mostrado impasible. El abogado fundamenta su confianza en la serie de victorias legales que el equipo de defensa ha obtenido en diversas jurisdicciones internacionales frente a las peticiones del Tribunal Supremo:
- Resoluciones favorables en los tribunales de Bélgica y Alemania.
- Protección jurídica obtenida en Italia y el Reino Unido.
- El respaldo de las cortes europeas frente a los intentos de extradición.
En conclusión, la estrategia de defensa sostiene que la justicia europea ha validado sistemáticamente sus argumentos, lo que deja poco margen para que la resistencia de los tribunales internos logre frenar de forma permanente la aplicación de la amnistía y el consecuente regreso de los dirigentes.