El conflicto fronterizo en Ceuta ha dado un salto cualitativo desde el terreno diplomático hacia los tribunales españoles. La Audiencia Nacional ha recibido una querella criminal que sitúa en el centro de la diana operativa a Fouad Ali El Himma, figura de máxima confianza del rey Mohammed VI. Esta acción judicial, impulsada por la asociación Hazte Oír, busca depurar responsabilidades sobre lo que se describe como una orquestación deliberada para vulnerar la soberanía nacional a través de entradas masivas por el paso de El Tarajal.
El papel de la inteligencia marroquí y el entorno real
La estrategia jurídica se fundamenta en la identificación de una cadena de mando que, supuestamente, emana directamente del gabinete real marroquí. Fouad Ali El Himma, a menudo calificado como el ‘virrey’ debido a su influencia en Rabat, es señalado como el cerebro estratégico detrás de la presión migratoria. La denuncia no solo se queda en los despachos, sino que desciende hasta el operativo de campo, apuntando a los mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares como ejecutores materiales de la apertura de fronteras.
Un aspecto novedoso del caso radica en la supuesta presencia de agentes de inteligencia marroquí camuflados en las inmediaciones del espigón. Según las indagaciones aportadas por el equipo jurídico desplazado a la ciudad autónoma, se detectaron vehículos sospechosos cuyos ocupantes coordinaban los movimientos de los ciudadanos que lograban cruzar. Estos individuos habrían evitado activamente ser identificados o grabados, operando como enlaces tácticos durante las horas de mayor tensión en la madrugada.
La inacción de las autoridades españolas bajo sospecha
La querella no se limita a las responsabilidades en el reino alauí; también pone el foco en la gestión del Gobierno de España. La investigación judicial pretende esclarecer qué mandos políticos o militares dieron la orden de «no intervención» a las fuerzas de seguridad desplazadas a la frontera. Resulta especialmente crítico el análisis sobre el despliegue de militares que, presuntamente, fueron enviados sin munición y con restricciones severas para emplear la fuerza mínima necesaria para contener el asalto.
- Investigación de las órdenes de mando que prohibieron el auxilio efectivo en la frontera.
- Análisis de las comunicaciones internas entre los días 27 de julio y 2 de agosto de 2026.
- Identificación de los responsables de enviar tropas sin los medios operativos adecuados.
Calificación penal y horizonte judicial
La magistrada María Tardón, encargada de la instrucción en la Audiencia Nacional, evalúa una batería de delitos de extrema gravedad que afectan directamente a la seguridad del Estado. La acusación popular solicita que se investiguen los siguientes tipos penales:
- Delitos contra la paz y la independencia del Estado español.
- Favorecimiento agravado de la inmigración ilegal bajo estructura de organización criminal.
- Prevaricación y denegación de auxilio por parte de funcionarios públicos.
- Homicidio y lesiones por imprudencia grave derivados de la gestión de la crisis.
Para sustentar estas acusaciones, se ha solicitado formalmente la preservación de todo el material de videovigilancia fronteriza y los registros de comunicaciones policiales. Este procedimiento busca determinar si existió una concertación previa entre agentes de ambos países o si se produjo un abandono deliberado de las funciones de custodia del territorio nacional.
Implicaciones para las relaciones bilaterales
La judicialización de la figura de El Himma supone un desafío directo a la arquitectura de poder en Marruecos. Al ser el consejero principal de la monarquía, cualquier avance en la instrucción de la Audiencia Nacional podría tensar de nuevo las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat. Sin embargo, la justicia española prioriza en esta fase el esclarecimiento de si la integridad territorial fue utilizada como moneda de cambio política, permitiendo un asalto que puso en riesgo tanto a la población civil como a los propios migrantes instrumentalizados en la operación.