La tensión entre los medios de comunicación y la institución parlamentaria ha alcanzado un nuevo nivel judicial. Tras la decisión de la Mesa del Congreso de retirar de forma provisional las acreditaciones de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo, los afectados han confirmado que trasladarán el caso al Tribunal Supremo. Esta medida busca revertir lo que consideran una vulneración directa de sus derechos profesionales y un acto de censura institucional sin referentes cercanos en la democracia española.
El contraataque judicial ante el Tribunal Supremo
El escenario de conflicto se desplaza ahora desde la sala de prensa de la Cámara Baja hacia el Alto Tribunal. Los recurrentes sostienen que la suspensión de sus pases no es una medida administrativa ordinaria, sino una «chapuza» legal destinada a silenciar voces críticas. Javier Negre, responsable de la plataforma EDATV, ha calificado la maniobra como una agresión frontal contra la libertad de prensa, asegurando que la estrategia de la Mesa responde a una supuesta desesperación por controlar el relato mediático dentro del Congreso.
La defensa legal de Quiles y Ndongo se basará en la desproporcionalidad de la sanción. Argumentan que la expulsión cautelar se ha ejecutado antes de concluir cualquier investigación formal, lo que en su opinión constituye una «atrocidad jurídica». Al acudir al Tribunal Supremo, los periodistas buscan una protección cautelarísima que les permita recuperar su acceso al edificio mientras se dirime el fondo del asunto.
Fundamentos legales de la expulsión administrativa
Por su parte, la Mesa del Congreso ha justificado su decisión basándose en la normativa vigente sobre el funcionamiento interno de la cámara. Los pilares de esta suspensión se resumen en los siguientes puntos:
- Aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo: Se ha invocado el artículo 56.2, que faculta a la administración para adoptar medidas provisionales antes de la resolución de un expediente si existe riesgo para los intereses generales.
- Protección de la convivencia: Fuentes institucionales aluden a una reiteración de incidentes y comportamientos que habrían degradado el clima de trabajo entre los representantes públicos y los profesionales de la información.
- Salvaguarda de derechos: La medida se presenta como una herramienta para garantizar que el resto de periodistas y diputados puedan desempeñar sus funciones sin interferencias o altercados.
Un precedente complejo para el periodismo parlamentario
Este caso reabre el debate sobre los límites de la acreditación de prensa en las instituciones del Estado. Mientras la Cámara Baja insiste en que la medida es necesaria para mantener el orden, los reporteros afectados, vinculados a medios como Periodista Digital, denuncian una persecución ideológica. La resolución del Tribunal Supremo será determinante, ya que sentará jurisprudencia sobre si el Congreso tiene potestad discrecional para decidir quién puede o no informar desde sus pasillos basándose en criterios de «convivencia».
La situación actual mantiene los expedientes abiertos y las acreditaciones congeladas, a la espera de que la justicia determine si el derecho a la información debe prevalecer sobre las normas de conducta internas de la sede legislativa.