La sombra de la trama Koldo alcanza ahora los despachos más altos del Ministerio del Interior. Rafael Pérez, quien fuera la mano derecha de Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que rendir cuentas ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo. Su comparecencia se centra en la controvertida adjudicación de un contrato de 3,5 millones de euros para la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, el núcleo de la red presuntamente liderada por Víctor de Aldama.
Bajo el foco judicial: La gestión de Interior en la era COVID
El exsecretario de Estado de Seguridad ha defendido la legalidad de las operaciones realizadas durante los meses más críticos de la pandemia. Según su testimonio, la decisión de contratar con la empresa vinculada a la trama no fue aislada, sino una respuesta a la «necesidad absoluta» de proteger a los funcionarios que seguían operativos en las calles. Pérez subrayó que el Ministerio de Transportes actuó como el canalizador de estas ofertas en un momento en que el mercado internacional estaba colapsado.
Aunque evitó dar detalles técnicos sobre cómo se seleccionó específicamente a Soluciones de Gestión, el ex alto cargo admitió que existieron «contactos» directos para agilizar los trámites. No obstante, se mantuvo firme en que el proceso de contratación pública cumplió con todos los hitos: la firma del acuerdo, la recepción efectiva del material y su posterior distribución entre las fuerzas de seguridad.
Mascarillas y urgencia: La justificación del mercado inexistente
Uno de los puntos de mayor fricción en el interrogatorio fue el precio de las mascarillas. Ante las sospechas de sobrecostes, Rafael Pérez argumentó que el importe pagado por su departamento era, de hecho, inferior al que manejaban otras administraciones públicas en aquel periodo. Para el exsecretario, la prioridad no era el debate sobre el margen de beneficio de los intermediarios, sino la obtención urgente de millones de unidades para un personal que no podía teletrabajar.
- Inexistencia de stock: Pérez alega que «no había mercado» y que dependían de líneas de suministro externas.
- Intermediación de Transportes: Se confirmó que ADIF y Puertos del Estado fueron los referentes iniciales para validar a la empresa de la trama.
- Ausencia de presiones: El testigo negó tajantemente haber recibido órdenes directas para beneficiar a la red de Koldo García.
Siete encuentros bajo sospecha: La conexión Pérez-Koldo
A pesar de los intentos por desvincular la relación personal de la profesional, los registros sitúan a Rafael Pérez y Koldo García en un escenario de cercanía constante. Entre finales de 2020 y principios de 2021, ambos mantuvieron al menos siete reuniones presenciales. Estos encuentros se produjeron en fechas clave, incluyendo jornadas consecutivas en el mes de diciembre de 2020, lo que cuestiona la naturaleza puramente institucional de su trato.
En declaraciones previas ante el Senado, Pérez ya había mostrado ciertas lagunas de memoria respecto a quién introdujo a Koldo en el circuito de Interior. «No recuerdo si fue él quien proporcionó el contacto», llegó a afirmar, aunque reconoció que su relación con el asesor de Ábalos era fluida y abarcaba diversos temas de seguridad nacional y coordinación entre ministerios.
Más allá de lo sanitario: El fantasma de Delcy y las redes de influencia
La influencia de Koldo García en el Ministerio del Interior no se limitó a la crisis sanitaria. Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sugieren que el asesor también fue el puente para gestionar asuntos diplomáticos de alta sensibilidad, como la polémica visita de Delcy Rodríguez a España. Fue Koldo quien alertó a Pérez sobre los planes de la vicepresidenta venezolana, lo que derivó en la advertencia de Interior sobre la prohibición de que pisara suelo europeo.
Esta red de contactos sitúa a Rafael Pérez en una posición comprometida. Mientras su defensa se basa en la gestión de una emergencia sin precedentes, los investigadores analizan si esa «amistad íntima» con Koldo García facilitó un acceso privilegiado a los fondos públicos. La trayectoria de Pérez, un juez de carrera que escaló desde jefe de gabinete hasta la Secretaría de Estado, está ahora marcada por su vinculación con los personajes centrales de uno de los mayores escándalos de corrupción de la legislatura.
El cierre de esta etapa judicial determinará si las decisiones tomadas bajo la presión de la pandemia fueron meros errores administrativos o si, por el contrario, formaron parte de una estructura diseñada para favorecer a intereses particulares bajo el paraguas de la urgencia nacional.