La seguridad de las víctimas de violencia de género se encuentra en una fase de transición administrativa clave. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha querido arrojar luz sobre el estado actual del servicio de pulseras telemáticas, aclarando que la reciente selección de Vodafone y Securitas para gestionar este sistema no supone, por ahora, un cierre definitivo del proceso. Esta adjudicación se mantiene en un estado de provisionalidad, sujeta a los plazos legales de impugnación y revisión.
Un proceso blindado por criterios técnicos y objetivos
Uno de los puntos en los que más ha insistido la titular de Igualdad es la total independencia del Ministerio en la toma de decisiones contractuales. Según Redondo, la resolución responde exclusivamente a las valoraciones de los equipos técnicos y funcionarios de la administración. La transparencia del sistema se basa en:
- La aplicación de baremos estrictos fijados previamente en los pliegos de la convocatoria.
- La puntuación objetiva de las ofertas económicas y operativas presentadas por las compañías.
- La apertura de ofertas en mesas de contratación donde la dirección política no interviene.
Este enfoque busca garantizar que la empresa adjudicataria sea, sobre el papel, la que mejor capacidad técnica demuestre para un servicio de vital importancia pública, alejando cualquier sombra de discrecionalidad política en el manejo de fondos que ascienden a los 71 millones de euros.
El reto de la geolocalización y la eficacia tecnológica
La renovación de este contrato llega tras un periodo de intenso escrutinio sobre el funcionamiento de los dispositivos. En etapas anteriores, se detectaron fallos críticos en la geolocalización de agresores y víctimas, lo que generó dudas sobre la fiabilidad del hardware utilizado. El nuevo presupuesto, que contempla una posible ampliación de hasta 11 millones adicionales, tiene como objetivo subsanar estas deficiencias tecnológicas.
A pesar de los incidentes previos vinculados a la UTE (Unión Temporal de Empresas) actual, la mesa de contratación ha vuelto a situar su propuesta como la más competitiva. No obstante, la ministra ha recordado que existe un periodo de alegaciones donde otras empresas participantes pueden presentar recursos administrativos si consideran que la valoración no se ajusta a derecho.
Mayor competitividad en el sector de la seguridad telemática
Un aspecto novedoso en esta licitación, destacado por la ministra durante su visita a las instalaciones del servicio 028, es el incremento en el número de licitadores. Históricamente, el sistema de seguimiento de maltratadores, iniciado en 2009, había adolecido de una falta de concurrencia competitiva, llegando incluso a quedar desierto o con un único postor en ocasiones anteriores.
El hecho de que varias corporaciones tecnológicas hayan optado a gestionar el contrato de 71 millones de euros sugiere un mercado más maduro y exigente. Esta competencia, en teoría, debería derivar en una mejora de los estándares de calidad y una mayor presión para que la empresa elegida cumpla con los protocolos de seguridad sin margen de error.
Próximos pasos en la formalización del contrato
La resolución definitiva del conflicto administrativo se espera para los próximos días, una vez que la mesa de contratación analice si se presentan recursos por parte de los competidores. La ministra Redondo ha enfatizado que el compromiso del Gobierno es mantener la continuidad del servicio sin que el proceso burocrático afecte a la protección activa de las mujeres que dependen de estos dispositivos de seguimiento.
En conclusión, la gestión de la seguridad telemática en España entra en una fase de vigilancia administrativa extrema. La prioridad absoluta sigue siendo la estabilidad de la geolocalización y la respuesta inmediata ante cualquier quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, factores que serán evaluados con lupa tras la formalización de la adjudicación definitiva.