La estabilidad del bloque de investidura vuelve a tensarse tras los últimos episodios de conflictividad social. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado una ofensiva directa contra el Ministerio del Interior, reactivando la petición de dimisión de Fernando Grande-Marlaska. En esta ocasión, el detonante ha sido la gestión de las movilizaciones durante la huelga general, donde el líder independentista asegura haber presenciado un despliegue de fuerza totalmente desproporcionado en las calles de Barcelona.
La cultura de la impunidad y el fenómeno ‘Chuck Norris’
Uno de los puntos más críticos en el discurso de Rufián no solo ha sido la actuación en sí, sino el desenlace administrativo de las quejas ciudadanas. El representante de ERC ha denunciado con ironía la actitud de ciertos sectores de la Policía Nacional que actúan bajo una supuesta superioridad moral y física. Según sus palabras, muchos agentes se comportan como si fueran héroes de acción, pero con la seguridad de que el sistema les protege.
Para Rufián, el problema fundamental radica en que los expedientes disciplinarios abiertos por presuntos abusos suelen terminar en el archivo. Esta falta de consecuencias penales o administrativas fomenta, a su juicio, un ciclo de impunidad policial que el Gobierno del PSOE se niega a atajar de raíz, permitiendo que las denuncias de los ciudadanos caigan sistemáticamente en saco roto.
Doble rasero en el control de manifestaciones
El análisis de ERC pone sobre la mesa una comparativa incómoda para el Ejecutivo. Rufián ha señalado un evidente doble rasero en la intensidad de las cargas policiales dependiendo del color político de la protesta. Según su visión:
- Existe una contundencia máxima cuando se trata de huelgas generales o movimientos de corte social y progresista.
- Se percibe una permisividad y una «distancia de seguridad» mucho mayor cuando los manifestantes pertenecen a sectores de la derecha o la ultraderecha.
- El uso de material antidisturbios parece estar condicionado por el perfil del manifestante más que por el riesgo real del orden público.
La responsabilidad política ineludible del PSOE
A pesar de que el portavoz catalán reconoce la existencia de facciones dentro de las fuerzas de seguridad que mantienen una agenda contraria al actual Ejecutivo —similar a lo que ocurre en ciertos sectores del Poder Judicial—, no exime de culpa a los socialistas. Rufián defiende que el PSOE no puede escudarse en el carácter «reaccionario» de algunos policías para evitar sus responsabilidades de mando.
La crítica no es nueva, pero sí más incisiva. ERC recuerda que su formación fue la primera en señalar la puerta de salida a Marlaska, no solo por las recientes cargas, sino por el acumulado de fracasos legislativos como la no derogación de la Ley Mordaza y la gestión humanitaria en la frontera sur. Para la formación republicana, mantener al actual ministro del Interior es un mensaje de debilidad frente a los excesos del aparato del Estado.
Un futuro incierto para la coalición
La conclusión de este nuevo choque es clara: el apoyo de los socios parlamentarios no es un cheque en blanco. Al señalar que el Gobierno es el responsable último de que la Policía actúe con violencia injustificada en las calles, Rufián pone al PSOE en una encrucijada ética y política. La demanda de cese de Grande-Marlaska ya no es solo una reclamación de la izquierda alternativa, sino una exigencia de higiene democrática para quienes sostienen la gobernabilidad del país.
