La investigación sobre el polémico rescate de Plus Ultra ha dado un giro significativo tras la entrega de material incriminatorio por parte de la antigua cúpula de la aerolínea. Lo que comenzó como una sospecha sobre la idoneidad de una ayuda pública de 53 millones de euros, se ha transformado en un complejo tablero judicial donde relucen nombres del más alto nivel político, incluyendo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Documentación inédita: El rastro de la mediación política
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, cuenta ahora con un archivo de más de 600 páginas aportado por el ex consejero delegado Roberto Roselli. Estos documentos detallan una comunicación constante y fluida entre la aerolínea y altos cargos de la administración pública, sugiriendo una tutoría que excede los procedimientos administrativos habituales. Entre las pruebas destacan correos electrónicos intercambiados con José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, quien ha sido citado a declarar como testigo el próximo 19 de noviembre.
La relevancia de estos mensajes radica en la supuesta «hoja de ruta» que la sociedad estatal habría facilitado a Plus Ultra para asegurar el éxito de su solicitud. Se mencionan correcciones, sugerencias de subsanación y, lo más crítico, una petición específica sobre la lista de acreedores que podrían verse beneficiados indirectamente por la inyección de fondos públicos.
El factor Zapatero y las renuncias forzosas
Uno de los puntos más explosivos de la denuncia presentada por el expresidente de la compañía, Julio Martínez Sola, apunta directamente a las presiones recibidas para abandonar su cargo. Según el exdirectivo, su salida no fue una decisión voluntaria, sino una exigencia irrevocable impuesta por representantes de la SEPI tras conocerse su disposición a colaborar con la justicia en el denominado caso Zapatero.
La tesis que maneja la instrucción sugiere que la mediación de Zapatero y su entorno cercano no fue altruista. Los exdirectivos han ratificado ante el magistrado la existencia de una pretensión de cobro por parte del expresidente y su colaborador, Julio Martínez Martínez, a cambio de su supuesta influencia para desbloquear el Fondo de Rescate de Empresas Estratégicas.
La ruta del dinero: De España a Venezuela vía paraísos financieros
Más allá de las influencias políticas, la contabilidad presentada al juez revela movimientos bancarios que ponen en duda el destino final del rescate. Los extractos demuestran que, poco después de recibir la ayuda estatal, se realizaron transferencias millonarias desde España hacia destinos internacionales:
- Envío de 2 millones de dólares a la entidad Andcapital en septiembre de 2021.
- Transferencia adicional de 3 millones de dólares apenas dos semanas después.
- Triangulación de fondos que terminaron depositados en cuentas de Banca Amiga en Venezuela a principios de 2023.
Este flujo de capitales contradice la narrativa oficial de un rescate destinado exclusivamente a garantizar la viabilidad de una «empresa estratégica» en suelo español, reforzando la sospecha de una trama de tráfico de influencias diseñada para favorecer intereses particulares vinculados al régimen venezolano y a intermediarios políticos en España.
Consecuencias legales de una colaboración tardía
El paso al frente de Martínez Sola y Roselli busca, según fuentes jurídicas, una posible atenuación de responsabilidades al facilitar la labor de la Justicia. Sin embargo, la entrega de actas notariales, registros de vuelos a China durante la pandemia y comunicaciones con el ex secretario de Estado, Pedro Saura, abren nuevos frentes que el juez Calama deberá analizar para determinar si el rescate de Plus Ultra fue una operación técnica legítima o un favor político financiado con el dinero de los contribuyentes.
Con las declaraciones previstas para los próximos días, el foco se desplaza ahora hacia la SEPI y su capacidad para actuar con independencia frente a las presiones del Ejecutivo de turno. La sombra de una presunta trama de corrupción en el vértice del poder pone en jaque la credibilidad de los mecanismos de control financiero del Estado.