La presión judicial sobre el eurodiputado y cabecilla de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, continúa intensificándose. El Tribunal Supremo ha formalizado la apertura de una sexta causa penal contra el comunicador, centrando el foco en esta ocasión en su papel durante las intensas movilizaciones del sector agrícola que sacudieron España a principios de 2024.
Instigación al colapso: El origen de la nueva causa
La Sala de lo Penal ha decidido investigar a Alvise por un presunto delito de desórdenes públicos. La base de la acusación reside en una serie de publicaciones difundidas a través de su canal de Telegram, plataforma desde la cual el ahora eurodiputado habría coordinado acciones disruptivas de gran calado. Según los autos judiciales, los mensajes no se limitaban a la protesta pacífica, sino que contenían instrucciones precisas para bloquear nodos logísticos, puertos y refinerías.
El tribunal destaca que las consignas de Alvise buscaban generar un colapso circulatorio masivo mediante el uso de vehículos particulares y el aprovechamiento estratégico de los momentos en los que las fuerzas de seguridad presentaban menores efectivos. Aunque la justicia reconoce que la libertad de expresión y la crítica política son derechos fundamentales, advierte que estos no amparan la incitación directa a cometer actos que atenten gravemente contra el orden público.
El complejo escenario judicial del líder de SALF
Este nuevo procedimiento no es un hecho aislado, sino que se suma a un historial jurídico que empieza a saturar la agenda del Tribunal Supremo. La condición de aforado de Alvise Pérez obliga a que sea esta alta instancia la que gestione sus procesos, lo que ya ha derivado en la solicitud de varios suplicatorios al Parlamento Europeo para poder avanzar en las investigaciones.
Más allá de los incidentes en las tractoradas, el eurodiputado acumula un abanico de imputaciones que abarcan diversos ámbitos del Código Penal:
- Financiación irregular: Quizás el frente más peligroso, donde se investiga la recepción de 100.000 euros en efectivo para su campaña electoral, vinculados a presuntos delitos de blanqueo y estafa.
- Falsedad e injurias: El caso relacionado con la difusión de una prueba PCR supuestamente falsa atribuida a Salvador Illa durante la pandemia.
- Ataques a la Fiscalía: La causa por mensajes dirigidos contra la fiscal de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.
- Conflictos internos y amenazas: Procesos derivados de su relación con antiguos miembros de su propia formación política y una querella por amenazas presentada por el alcalde de Algeciras.
Indicios de autoría y blindaje parlamentario
Uno de los puntos clave que ha permitido al Supremo avanzar en esta sexta causa ha sido el informe de la Comisaría General de Información. Este documento confirma la existencia de indicios sólidos de que Alvise Pérez es el responsable directo y administrador del canal desde donde se lanzaron las órdenes de bloqueo. Inicialmente, el caso fue derivado a juzgados ordinarios, pero la confirmación de su autoría y su estatus de eurodiputado han devuelto la pelota al tejado del Supremo.
El futuro procesal de Alvise depende ahora de la celeridad con la que Bruselas tramite los suplicatorios pendientes. Hasta la fecha, el investigado ha mantenido una estrategia de comparecencias intermitentes, llegando a solicitar la suspensión de algunas citaciones hasta que su inmunidad parlamentaria sea formalmente retirada para cada caso específico. La acumulación de causas dibuja un panorama de cerco judicial que pondrá a prueba la resistencia de su proyecto político en los próximos meses.