La nueva tasa de alcohol al volante queda en el aire

La seguridad vial en las carreteras españolas entra en una fase de incertidumbre tras el reciente anuncio del adelanto electoral para el 29 de noviembre. Esta decisión política no solo altera el calendario institucional, sino que conlleva la paralización inmediata de diversas iniciativas legislativas, entre las que destaca la ambiciosa reducción de la tasa de alcohol permitida para los conductores.

Un freno a la tasa 0,1: el proyecto que no llegó a la meta

La propuesta, que ya había iniciado su andadura parlamentaria con el respaldo del Congreso a finales de septiembre, buscaba una modificación profunda del artículo 76 de la Ley de Tráfico. El objetivo principal era establecer un límite de 0,1 miligramos por litro de aire espirado (o 0,2 gramos en sangre), una cifra que acercaba a España a la tendencia europea de tolerancia casi cero con el consumo de sustancias al volante.

Con la disolución de las Cortes Generales, este texto queda legalmente en el aire. La normativa pretendía endurecer las consecuencias para quienes superaran este nuevo umbral, catalogando como infracción grave cualquier registro que oscilara entre los 0,1 y los 0,25 miligramos. Para los casos más severos, por encima de los 0,25 miligramos, la ley mantenía la calificación de infracción muy grave.

Sanciones económicas y pérdida de puntos: el esquema previsto

El diseño de la reforma no solo tocaba los límites permitidos, sino que reajustaba el sistema de castigos administrativos para disuadir a los infractores. Las sanciones propuestas incluían multas económicas de hasta 1.000 euros y un nuevo escalafón en el carné por puntos:

  • Pérdida de 2 puntos: Para tasas situadas entre 0,1 y 0,25 mg/l de aire espirado.
  • Pérdida de 4 puntos: Al superar los 0,25 mg/l y hasta los 0,5 mg/l.
  • Pérdida de 6 puntos: Para aquellos conductores que excedieran el límite de 0,5 mg/l.

Esta escala de puntos reflejaba un incremento en la severidad, especialmente en los tramos intermedios, buscando castigar con mayor dureza la reincidencia o la conducción bajo efectos evidentes del alcohol.

División parlamentaria y el fin de la legislatura

La tramitación de esta ley no estuvo exenta de fricciones políticas. En su última votación, la iniciativa logró 173 votos a favor, una mayoría ajustada que evidenció la polarización de la Cámara. Formaciones como el Partido Popular, Vox y UPN se posicionaron en contra, mientras que otras fuerzas como el PNV optaron por la abstención. Esta falta de consenso previo sugiere que, tras los comicios, la recuperación de este proyecto de ley dependerá directamente de la nueva composición aritmética del Parlamento.

Las normativas que sí han entrado en vigor para usuarios vulnerables

A pesar del bloqueo de la tasa de alcohol, la legislatura que ahora concluye sí ha dejado un legado normativo importante en el Reglamento General de Circulación. A diferencia del proyecto de ley de alcohol, estas medidas ya son de obligado cumplimiento desde el pasado 1 de octubre y se centran en la protección de los llamados usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y usuarios de VMP).

Entre los cambios más relevantes que los ciudadanos deben tener en cuenta destacan:

  • Edad mínima: Se establece en 15 años la edad legal para poder circular con un Vehículo de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos.
  • Uso del casco: Se vuelve obligatorio para todos los usuarios de patinetes eléctricos, sin excepción, con el fin de reducir la gravedad de los traumatismos en caso de caída.
  • Seguridad ciclista: Se han reforzado las exigencias para los conductores de vehículos a motor al realizar adelantamientos a ciclistas, aumentando la protección en vías interurbanas.

Conclusión: el futuro de la seguridad vial

El horizonte de la seguridad vial en España queda ahora condicionado por el resultado de las urnas. Mientras que la protección de los ciclistas y usuarios de patinetes ya es una realidad legislativa, la reducción de la tasa de alcohol a 0,1 mg/l queda como una tarea pendiente. Los expertos en tráfico coinciden en que, independientemente del signo político, el debate sobre el alcohol al volante volverá a la mesa del Consejo de Ministros debido a la necesidad de seguir reduciendo la siniestralidad en carretera.