La actual gestión de la política penitenciaria en el País Vasco ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras la reciente decisión de otorgar un régimen de semilibertad a Ángel María Tellería. Para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), este movimiento no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática que la organización califica como una amnistía encubierta. Según denuncian, la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se está utilizando para sortear los requisitos legales de reinserción, vaciando de contenido el espíritu de las condenas impuestas por terrorismo.
El fraude del arrepentimiento y la ingeniería jurídica
Desde Covite se insiste en que el uso del artículo 100.2 ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una norma generalizada que favorece la salida prematura de los presos de ETA. Consuelo Ordóñez, presidenta del colectivo, sostiene que, aunque estas decisiones puedan ajustarse formalmente a la legalidad técnica, suponen una traición ética al sistema judicial. La crítica central reside en que se otorgan beneficios penitenciarios sin que exista una desvinculación real y verificable del entorno que todavía hoy justifica la violencia política.
La organización alerta de que el ritmo de excarcelaciones se ha intensificado notablemente, señalando una media de un preso liberado por semana. Este escenario, según las víctimas, responde a una hoja de ruta diseñada para cumplir con las exigencias históricas de la izquierda abertzale: vaciar las cárceles sin que los victimarios tengan que renegar de su pasado criminal ni colaborar de forma activa con la justicia.
El caso de Ángel Tellería: Crímenes sin ruptura política
La figura de Ángel María Tellería es especialmente simbólica en esta denuncia. Condenado por su implicación en el asesinato de la primera mujer policía víctima de la banda en 1981, Tellería sigue apareciendo en los listados de colectivos como Etxerat, vinculados directamente a la órbita de Sortu. Para Covite, este vínculo es la prueba definitiva de la ausencia de un arrepentimiento sincero.
- Pertenencia a estructuras políticas: Los presos que siguen bajo el amparo de la izquierda abertzale son considerados «presos políticos» por su entorno, una etiqueta incompatible con la asunción de culpa.
- Falta de autocrítica: El colectivo subraya que es imposible estar arrepentido cuando se aceptan homenajes o se mantiene la disciplina de un grupo que no condena la trayectoria de ETA.
- Incompatibilidad legal: La ley exige una ruptura clara con el entramado terrorista, algo que, a juicio de las víctimas, no se está verificando rigurosamente en casos como el de Tellería.
Desmontando el discurso del Gobierno Vasco
Uno de los puntos de mayor fricción ha sido la respuesta de Covite a las declaraciones de Inés Soria, asesora penitenciaria del Ejecutivo autonómico. Soria afirmó recientemente que los reclusos de ETA están reconociendo el «daño causado», una afirmación que el colectivo de víctimas tacha de intoxicación informativa. La distinción semántica es, en este caso, una cuestión de principios fundamentales.
Para las víctimas, admitir que se ha causado daño es una obviedad física, pero no un paso hacia la reinserción. Lo que la justicia y la sociedad deben exigir es el reconocimiento de la injusticia radical de esos actos. Covite argumenta que reconocer que «las bombas matan» es una perogrullada; lo que falta es admitir que matar estuvo mal y que nunca tuvo justificación política ni moral. Mientras los presos guarden silencio ante los ongietorris (homenajes) o permitan que se les trate como héroes en sus municipios, cualquier declaración de daño será considerada un mero trámite administrativo para obtener la libertad.
Justicia restaurativa frente a impunidad encubierta
El debate también alcanza a los programas de justicia restaurativa impulsados por el Gobierno Vasco. Covite denuncia que estos talleres están siendo instrumentalizados para justificar la progresión de grado y la salida de prisión. La participación en estos programas, sostienen, no debería traducirse automáticamente en beneficios penitenciarios, especialmente cuando no hay una colaboración efectiva para esclarecer los crímenes que aún permanecen sin resolver.
Como contraejemplo de arrepentimiento auténtico, la asociación señala a aquellos exmiembros de la banda que han actuado como testigos protegidos. Estos individuos, que a menudo pagan un alto precio personal y social por romper con su entorno, son los únicos que demuestran una voluntad real de enmendar el daño mediante la colaboración con la justicia. Comparar su situación con la de presos premiados con el artículo 100.2 sin haber aportado nada al sistema judicial es, según Ordóñez, un agravio comparativo que socava el Estado de derecho.
Hacia un final del terrorismo sin impunidad
En conclusión, el malestar de las víctimas no reside en una oposición a la reinserción legal, sino en la sospecha fundamentada de que se está orquestando un final negociado donde la impunidad es el precio de la convivencia. El colectivo insiste en que una verdadera paz requiere que los asesinos reconozcan la ilegitimidad de su pasado y ayuden a desmontar la narrativa que aún hoy glorifica el terrorismo en ciertos sectores de la sociedad vasca y navarra.
La denuncia de Covite sobre el caso Tellería es un recordatorio de que la memoria y la justicia no pueden ser sacrificadas en aras de una gestión penitenciaria orientada exclusivamente a la conveniencia política. Mientras la «amnistía encubierta» siga avanzando, las víctimas seguirán exigiendo que el cumplimiento de las penas sea efectivo y que el arrepentimiento deje de ser un simulacro para convertirse en una realidad ética exigible por ley.