El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado el cierre definitivo del procedimiento judicial que señalaba al diputado del PSC, Christian Soriano. La resolución judicial concluye que no existen indicios de criminalidad en la gestión realizada por el político socialista durante su etapa como responsable de la empresa pública de comunicación en El Vendrell, desmontando así las acusaciones de prevaricación y malversación que pesaban sobre él.
Resolución judicial: El TSJC exonera a Christian Soriano de toda responsabilidad penal
La decisión del alto tribunal llega tras un complejo periplo administrativo que comenzó en los juzgados de instrucción locales. Debido a la actual condición de aforado de Soriano, tras su elección como parlamentario en las elecciones de mayo de 2024, el caso fue elevado a la máxima instancia judicial catalana. El magistrado del Juzgado número 7 de El Vendrell remitió las actuaciones tras finalizar una instrucción que se originó a raíz de una denuncia de la Fiscalía en 2022.
El núcleo de la controversia se centraba en el nombramiento de Soriano como presidente del Consejo de Administración de El Vendrell Comunicación SLM en 2019. Aunque dicho acuerdo fue revocado meses después por defectos en el quórum necesario, el TSJC ha sido contundente al diferenciar entre una posible irregularidad administrativa y un delito penal. Según el auto, para que exista prevaricación no basta con un error en el procedimiento, sino que es imprescindible demostrar un conocimiento pleno de la ilegalidad y una voluntad explícita de quebrantar la norma, elementos que no aparecen en la causa.
Análisis de la gestión: Contratos y transparencia bajo la lupa
Uno de los puntos más debatidos por el Ministerio Público fue el presunto fraccionamiento de contratos relacionados con una campaña publicitaria sobre la capitalidad cultural de la localidad tarraconense. Se investigaban tres facturas que, según la acusación, buscaban eludir los controles de licitación pública. Sin embargo, el TSJC ha validado estas operaciones bajo los siguientes argumentos:
- No se aprecia una descomposición artificial del objeto contractual para evitar la publicidad.
- Las adjudicaciones directas realizadas cumplieron con los marcos legales de la Ley de Contratos del Sector Público vigentes en ese momento.
- La existencia de varios pagos no implica automáticamente una voluntad de fraude si la prestación del servicio está justificada de forma independiente.
Ética y gestión de crisis: Los anuncios gratuitos durante la pandemia
La investigación también ponía el foco en una decisión tomada en mayo de 2020, durante el punto álgido del confinamiento por el coronavirus. Soriano autorizó que los comercios locales de El Vendrell emitieran anuncios sin coste en la televisión municipal para paliar las graves pérdidas económicas del sector. Aunque la Fiscalía interpretó esto como un perjuicio económico para la entidad pública, el tribunal ha calificado la medida como «justa» y adecuada al contexto histórico.
Los magistrados consideran que el apoyo institucional al tejido empresarial local en un momento de emergencia nacional no puede ser perseguido penalmente como malversación. No hubo enriquecimiento ilícito por parte del investigado, sino una gestión de recursos públicos orientada a mitigar el impacto social de la crisis sanitaria. En este sentido, el tribunal descarta que dejar de percibir ciertos ingresos publicitarios constituya un delito cuando el fin perseguido es el interés general de la comunidad.
Conclusión del ciclo judicial para el diputado socialista
Con este archivo, Christian Soriano ve despejado su horizonte jurídico tras años de señalamiento. La resolución del TSJC no solo ratifica su inocencia, sino que establece un precedente relevante sobre la protección de la gestión política ante discrepancias meramente administrativas. La justicia subraya que la vía penal debe ser el último recurso y que el error en la tramitación de un nombramiento o la toma de decisiones excepcionales en tiempos de crisis no deben confundirse con la corrupción política.
El cierre de esta carpeta judicial supone un espaldarazo para la trayectoria del diputado en el Parlament, terminando con un proceso que la defensa del político había solicitado archivar reiteradamente por la falta de solidez en los indicios presentados inicialmente por la Fiscalía.