El escenario judicial que rodea a la cátedra de Begoña Gómez ha dado un giro institucional de gran calado. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido dar un paso al frente al cuantificar formalmente el perjuicio económico que, según sus estimaciones, ha sufrido por el desarrollo de la plataforma digital vinculada a la esposa del presidente del Gobierno. En un escrito remitido al juzgado, la institución solicita ser reconocida oficialmente como parte perjudicada, lo que le permitiría ejercer acciones legales directas y reclamar una indemnización por responsabilidad civil.
Un perjuicio patrimonial de 113.509 euros bajo lupa
La universidad madrileña no solo ha puesto una cifra sobre la mesa, sino que ha desglosado minuciosamente el origen de este gasto público. Según la documentación aportada al magistrado Juan Carlos Peinado, el coste total asciende a 113.509,32 euros. Este montante se divide en dos grandes bloques que justifican la inversión institucional en el polémico proyecto tecnológico:
- 108.765,79 euros: Destinados exclusivamente a la contratación externa para el desarrollo técnico del software.
- 4.743,53 euros: Correspondientes a la valoración del tiempo y la dedicación del personal técnico y administrativo de la propia universidad.
Esta reclamación choca frontalmente con la versión mantenida por la defensa de Gómez. Durante su comparecencia judicial, la investigada negó cualquier ánimo de lucro y aseguró que el software para la cátedra de Transformación Social Competitiva había sido financiado mediante patrocinios de empresas privadas, descartando así cualquier apropiación indebida de las herramientas o la marca.
El «vacío documental» de Indra y las reuniones fantasma
La investigación también ha topado con un obstáculo relevante en la vertiente tecnológica. El juez instructor solicitó a la compañía Indra, así como a otros proveedores, todas las agendas y actas de las reuniones mantenidas durante la creación de la plataforma alojada en el dominio transformatsc.org. Sin embargo, la respuesta de la multinacional ha sido negativa.
En un escrito de respuesta, la tecnológica afirma que, tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus sistemas, no ha hallado rastro de ningún acta levantada por sus empleados sobre el contenido de dichos encuentros. Tampoco consta que otras empresas participantes o los propios representantes de la Universidad Complutense remitieran documentación oficial que acreditara el seguimiento y las decisiones tomadas durante el proceso de desarrollo digital.
Cinco presuntos delitos en un proceso que se expande
La situación procesal de Begoña Gómez se ha vuelto extremadamente compleja al acumularse sospechas sobre cinco figuras penales distintas. El juzgado investiga actualmente una trama que abarca desde el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés hasta la posible malversación de fondos públicos en la gestión de la cátedra.
A estos cargos se suman los de corrupción en los negocios, intrusismo profesional y la mencionada apropiación indebida de la marca. La instrucción no solo se centra en la figura de Gómez, sino que también ha puesto el foco en la gestión de sus másteres y en la participación de figuras como Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, cuya presunta intervención en gestiones empresariales para la cátedra la ha llevado a figurar también en la lista de imputados.
Conclusión: La UCM busca blindar su patrimonio
Con este movimiento, la Complutense intenta distanciarse de las posibles irregularidades cometidas en su seno y proteger el erario público. Al presentarse como damnificada, la universidad lanza un mensaje claro: si se demuestra que el software fue registrado de forma fraudulenta o desviado para fines personales, la institución exigirá la restitución íntegra de cada euro invertido. El reconocimiento de la responsabilidad civil provisional es el primer paso para que la universidad deje de ser vista solo como el escenario de los hechos y pase a ser reconocida como una víctima de la presunta gestión desleal de sus recursos.