La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha emitido un contundente informe técnico que pone bajo la lupa la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas universitarias del pasado 14 de octubre. El documento, elaborado por un equipo de docentes e investigadores jurídicos, sostiene que se empleó una violencia desproporcionada contra los manifestantes en una jornada marcada por la huelga educativa. Tras analizar pruebas audiovisuales y partes facultativos, los expertos concluyen que la intervención careció de la justificación necesaria.
Irregularidades procedimentales y el incumplimiento del protocolo
Uno de los puntos más críticos señalados en la investigación es el incumplimiento sistemático de la normativa vigente sobre seguridad ciudadana. Según el análisis jurídico, los agentes omitieron la obligación de realizar un aviso verbal previo antes de iniciar la carga. La legislación actual solo permite prescindir de esta advertencia en escenarios de peligro inminente con armas o artefactos explosivos, circunstancias que, según los testigos y las grabaciones, no se produjeron en el campus.
Además, el informe destaca que los asistentes mantuvieron una actitud pacífica en todo momento. No se registraron agresiones hacia los efectivos policiales ni alteraciones graves del orden que motivaran una disolución tan agresiva del acto. Para los redactores del informe, la intervención policial fue ejecutada de manera gratuita, ignorando los principios de proporcionalidad y oportunidad.
Un balance de daños: Lesiones y posibles delitos
La dureza de la carga tuvo consecuencias físicas directas sobre la comunidad universitaria. El documento detalla que al menos tres personas sufrieron heridas de consideración, incluyendo fracturas óseas y contusiones severas, que obligaron a su traslado urgente a centros hospitalarios. Basándose en estos hechos, la Facultad de Derecho identifica indicios racionales de hasta cinco tipologías delictivas cometidas por los agentes:
- Delitos de lesiones físicas.
- Vulneración flagrante de derechos fundamentales.
- Atentado contra la integridad moral de los ciudadanos.
- Coacciones durante la retención de manifestantes.
- Posible abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Especial mención merece la denuncia sobre el «confinamiento coactivo» al que fueron sometidos los estudiantes. Según el informe, tras las cargas iniciales, la policía mantuvo retenidas a decenas de personas durante más de 90 minutos, impidiéndoles abandonar el recinto a pesar de que estas habían expresado su intención de disolverse de manera pacífica.
Decisiones operativas y falta de autorización académica
Un aspecto que ha generado especial malestar institucional es la entrada de los efectivos en las dependencias de la universidad sin una petición previa. El Rectorado de la UCM ha confirmado oficialmente que no solicitó ni autorizó la presencia de las dotaciones policiales en el campus. Por su parte, la Delegación del Gobierno ha aclarado que no existió una orden gubernativa específica para dicha acción, atribuyendo la responsabilidad a una decisión discrecional tomada sobre el terreno por el mando de la Unidad de Intervención Policial.
Esta autonomía operativa del mando policial resultó en una situación de hostilidad que no se redujo ni siquiera ante la presencia de las autoridades académicas. El informe revela que la vicerrectora de Estudiantes fue incluso empujada físicamente por los agentes mientras intentaba mediar para rebajar la tensión de la jornada.
Opacidad y trato degradante durante la protesta
El análisis finaliza denunciando una preocupante falta de transparencia por parte de los actuantes. Se observó que numerosos efectivos portaban su número de identificación oculto o se posicionaban de tal forma que era imposible reconocerlos, lo que supone una infracción de los protocolos internos de seguridad. El informe califica el trato dispensado a los manifestantes como «degradante», subrayando que se criminalizó una protesta que estaba plenamente amparada por el derecho de reunión y manifestación.
En definitiva, este documento jurídico servirá como base para futuras acciones legales, poniendo en entredicho los límites de la fuerza pública en espacios protegidos por la autonomía universitaria y el derecho a la libre expresión de la comunidad estudiantil.