El rastreo financiero a las cuentas del PSOE y PSC: La nueva fase del caso Leire Díez
La investigación sobre el denominado caso Leire Díez ha dado un giro significativo con la reciente intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En un movimiento que eleva la presión sobre las finanzas de la formación en el Gobierno, los agentes han solicitado formalmente a la Audiencia Nacional el acceso detallado a los registros bancarios y tributarios tanto del PSOE como del PSC. El periodo bajo sospecha se centra en los ejercicios de 2024 y 2025, buscando esclarecer la trazabilidad de diversos flujos monetarios que podrían estar vinculados a irregularidades en la financiación o gestión de campañas.
La solicitud, remitida al magistrado Santiago Pedraz, no se limita únicamente a las estructuras centrales de los partidos. La lupa de la UCO se extiende hacia un entramado de personas físicas y sociedades mercantiles que habrían orbitado alrededor de la toma de decisiones financieras en la formación socialista. Entre los nombres destacados en este requerimiento figura el de Gaspar Zarrías, histórico dirigente del partido, cuya sociedad Zaño Sociedad está siendo analizada minuciosamente por los investigadores.
El foco en la publicidad electoral y el pago a Crónica Libre
Uno de los ejes vertebrales de esta nueva diligencia es la presunta autorización de un pago de 20.000 euros destinado al medio digital Crónica Libre. Según las tesis que maneja la Guardia Civil, esta transacción pudo haber sido validada por Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, bajo la apariencia de una campaña de publicidad institucional o electoral en el contexto de los comicios autonómicos de Cataluña en 2024. La investigación busca determinar si este desembolso responde a servicios reales o si formó parte de un esquema de favores económicos fuera del control normativo.
Para dotar de solidez a estas sospechas, la UCO ha instado al juez a requerir información al Grupo IKI, exigiendo la entrega de contratos, facturas y comprobantes de pago que documenten cualquier relación comercial con los partidos socialistas durante los años objeto de estudio. Se intenta así cruzar los datos de las agencias de medios con la contabilidad oficial declarada ante el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria.
Un despliegue de investigación sobre el patrimonio y activos
La ofensiva judicial no solo busca depurar responsabilidades políticas, sino que persigue un análisis exhaustivo del patrimonio de los implicados. La solicitud enviada a la Audiencia Nacional abarca una amplia gama de activos financieros y personales:
- Titularidad de cuentas bancarias y movimientos de fondos en territorio nacional y extranjero.
- Declaraciones de patrimonio e ingresos ante la Agencia Tributaria.
- Registros de bienes muebles e inmuebles, así como participaciones en sociedades externas.
- Documentación sobre donaciones recibidas y otros flujos de capital no ordinarios.
Además de los dirigentes políticos, abogados como Jacobo Teijelo e Ismael Oliver también se encuentran en el centro de este requerimiento informativo. Con este paso, la justicia busca blindar la instrucción del caso Leire Díez, asegurando que ninguna ramificación financiera de las campañas de 2024 y 2025 quede sin auditar, en un escenario donde la transparencia en las cuentas de los partidos vuelve a estar en tela de juicio.