El panorama judicial en Melilla se complica tras las recientes revelaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Un nuevo informe policial pone bajo la lupa la construcción del principal centro comercial de la ciudad autónoma, sugiriendo un perjuicio económico para las arcas públicas que oscilaría entre los siete y ocho millones de euros. Las pesquisas apuntan a una trama de corrupción urbanística que habría operado al margen de los cauces legales establecidos.
El manuscrito de la Operación Valenzuela: La clave del caso
El origen de este nuevo hilo investigativo no es directo, sino que surge como un hallazgo casual durante los registros de la operación Santiago-Rusadir, centrada inicialmente en la supuesta compra de votos por correo. En el domicilio de un empresario local, los agentes localizaron un documento manuscrito de gran relevancia técnica titulado «Operación Valenzuela».
Este esquema detalla una hoja de ruta para la gestión de unos terrenos anteriormente propiedad del Ministerio de Defensa. Según las conclusiones policiales, el documento describe una operativa para maximizar beneficios privados mediante el uso ilícito de recursos públicos. Los indicios detectados por la Policía Nacional sugieren la comisión de delitos graves:
- Prevaricación administrativa en la toma de decisiones urbanísticas.
- Malversación de caudales públicos por la pérdida de ingresos fiscales.
- Alteración estratégica del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
- Posible desvío de capitales hacia paraísos fiscales o jurisdicciones como Gibraltar.
Modus operandi: Beneficios fiscales y cambios de suelo
La tesis que maneja la UDEF, apoyada por testimonios de fuentes confidenciales, sostiene que se orquestó una modificación del planeamiento urbano de Melilla a medida. El objetivo principal habría sido facilitar la subasta de los terrenos de la Carretera Cuartel de Valenzuela para favorecer a empresas específicas. Esta maniobra permitió la inauguración en 2017 del Parque Murias, el gran centro comercial de la ciudad.
El fraude no solo residiría en la adjudicación, sino en la evasión sistemática de impuestos locales. El informe señala que se evitaron pagos obligatorios a la administración melillense, lo que eleva la cifra del presunto fraude hasta los ocho millones de euros. Los investigadores analizan ahora si esta estructura financiera tenía como fin último el blanqueo de capitales fuera de las fronteras nacionales.
Respuesta institucional: El Gobierno de Melilla niega las acusaciones
Ante la gravedad de las informaciones publicadas, el Ejecutivo de Melilla, liderado por el Partido Popular, ha reaccionado con dureza. A través de un comunicado oficial, la administración autonómica ha descalificado el informe de la UDEF, asegurando que los datos aportados no coinciden con la realidad administrativa de los expedientes de obra y licitación.
Desde la Ciudad Autónoma se defiende que su actuación ha sido siempre transparente y que, de hecho, fueron ellos quienes informaron a la Fiscalía sobre irregularidades detectadas en ciertos locales comerciales respecto al impago del IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación). El Gobierno local sostiene que el informe carece de rigor jurídico y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes hayan filtrado o elaborado una información que consideran lesiva para la reputación de las instituciones melillenses.
Implicaciones judiciales y futuro de la investigación
La magistrada a cargo del caso ha decidido deducir testimonio, lo que implica abrir una pieza separada para investigar estos hechos de forma independiente a la trama de los votos por correo. Esta decisión subraya la entidad propia que ha adquirido la «Operación Valenzuela» dentro del entramado judicial de la ciudad.
El foco se centra ahora en determinar la autoría del manuscrito intervenido y en verificar si la trazabilidad del dinero confirma el destino internacional que sospecha la policía. La investigación promete ser larga, ya que requiere un análisis exhaustivo de la normativa urbanística aplicada durante la última década y el peritaje de los beneficios fiscales obtenidos por los promotores del complejo comercial.