La gestión de los montes en España se ha convertido en un nuevo campo de batalla ideológico y administrativo. Desde el Grupo Parlamentario Vox, su secretario general, José María Figaredo, ha planteado una reestructuración total de las políticas de extinción y prevención, centrando su discurso en lo que denomina una asfixia burocrática que impide actuar con eficacia frente al fuego.
La desregulación forestal como alternativa al «dogma» climático
Para la formación de Santiago Abascal, el actual Ejecutivo ha sustituido la gestión técnica y el mantenimiento tradicional de los bosques por una suerte de «adoración» al cambio climático. Figaredo sostiene que el Gobierno utiliza la crisis climática como una excusa para encubrir la falta de previsión y la incapacidad de proteger a los ciudadanos en zonas rurales.
Según el diputado, la excesiva normativa actual genera un efecto paralizante en los representantes públicos y gestores locales. El temor a inhabilitaciones o sanciones administrativas por realizar labores de limpieza o desbroce sin los permisos adecuados está provocando que muchas hectáreas queden abandonadas a su suerte, convirtiéndose en auténticos polvorines durante los meses de verano.
Prioridades presupuestarias: el contraste entre los Falcon y la extinción
Uno de los puntos más críticos del análisis de Vox reside en la distribución de los recursos estatales. Figaredo ha utilizado una comparativa directa para ilustrar lo que considera una gestión deficiente de los fondos públicos:
- La existencia de solo ocho aviones de extinción de incendios frente a la flota de cinco aeronaves Falcon destinadas al transporte de autoridades.
- La carga de responsabilidad que recae sobre los bomberos forestales, quienes actúan como «héroes» sin contar con los medios tecnológicos ni materiales necesarios.
- El abandono de las tareas de limpieza de cauces y montes, esenciales para evitar la propagación descontrolada de las llamas.
Esta situación es calificada por el parlamentario como propia de un «Estado fallido», donde la administración central es incapaz de garantizar el bienestar y la seguridad básica de los habitantes que deben ser evacuados de sus hogares de forma recurrente.
El fin de las duplicidades y la soga autonómica
El diagnóstico de Vox apunta directamente al modelo territorial. La formación denuncia que la duplicidad de normativas entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado central crea un laberinto legal que asfixia tanto a trabajadores como a empresarios del sector forestal.
Figaredo ha anunciado una coordinación activa entre los diferentes gobiernos donde Vox tiene presencia para impulsar políticas desregulatorias. El objetivo es simplificar los procesos que actualmente dependen de múltiples niveles de la administración, permitiendo que la gestión del suelo vuelva a ser dinámica y operativa.
Hacia unos servicios públicos enfocados en el territorio
La propuesta de Vox concluye con una llamada a «darle la vuelta a la tortilla» en la prestación de servicios públicos. La formación defiende que la prioridad del Estado debe ser el bienestar de los españoles mediante servicios de calidad que se enfoquen en la realidad del terreno y no en agendas internacionales.
En definitiva, la postura de Vox aboga por eliminar la «soga» regulatoria para permitir que la economía rural respire, devolviendo la soberanía de la gestión del monte a quienes lo trabajan y protegiendo el patrimonio natural mediante la acción directa en lugar de la retórica climática.