La reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la amnistía ha generado una reacción inmediata en las filas de Vox. Jorge Buxadé, jefe de la delegación del partido en el Parlamento Europeo, ha dejado claro que la defensa de la integridad territorial y el orden constitucional no debe delegarse en organismos externos, sino que debe nacer de la firmeza de las instituciones españolas y su ciudadanía.
El compromiso de Vox: Derogación frente a la amnistía
Para la formación liderada por Santiago Abascal, la resolución de los tribunales europeos no altera su hoja de ruta legislativa. Buxadé ha sido tajante al asegurar que, en el supuesto de alcanzar responsabilidades de gobierno, la derogación de la ley de amnistía será una prioridad absoluta. Según el representante de Vox, esta normativa representa una concesión inasumible ante quienes desafiaron el orden legal durante el proceso independentista.
El análisis de Buxadé se centra en la idea de que la dignidad de la nación es una responsabilidad soberana. En este sentido, ha cuestionado la estrategia de esperar que instancias internacionales resuelvan los conflictos internos de España, subrayando que la protección del Estado de Derecho es una tarea que compete exclusivamente a los españoles.
Críticas a la politización del Tribunal Constitucional
Uno de los puntos más incisivos del discurso de Buxadé ha sido el señalamiento directo hacia el Tribunal Constitucional. Para el eurodiputado, el aval previo de este órgano a la norma es un síntoma de una «politización profunda» que debilita la separación de poderes en España. Vox considera que el sistema institucional actual padece una erosión provocada por acuerdos que priorizan la permanencia en el poder sobre la seguridad jurídica.
- Denuncia de la falta de independencia en los órganos de control judicial.
- Rechazo a los pactos políticos que afectan la unidad nacional.
- Necesidad de una reforma que devuelva la neutralidad a la justicia.
Diferencias estratégicas en la oposición
Sin mencionar nombres de manera explícita, Buxadé también ha dirigido sus críticas hacia aquellos sectores de la oposición que depositaron todas sus esperanzas en una intervención de Bruselas. La formación critica que se haya alimentado la narrativa de que la justicia europea frenaría automáticamente la amnistía o facilitaría de forma inmediata detenciones clave, como la de Carles Puigdemont.
Desde la perspectiva de Vox, calificar la ley de amnistía como un «pacto inmoral» entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las fuerzas independentistas no es solo una cuestión retórica, sino una advertencia sobre lo que consideran un ataque frontal a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por ello, insisten en que la única salida viable es un cambio político que permita desmantelar el actual entramado normativo derivado de estos acuerdos.
En conclusión, el escenario post-fallo del TJUE refuerza la postura de Vox de no confiar la estabilidad de España a arbitrajes foráneos, manteniendo su promesa de revertir legislativamente cualquier medida que, a su juicio, fragmente la soberanía nacional o el cumplimiento de la Constitución.