Ajustes en la agenda judicial de la Audiencia Nacional
Un cambio de última hora en el calendario del juzgado central de instrucción ha desplazado la comparecencia de la máxima responsable de la Benemérita. El magistrado Santiago Pedraz, encargado de dirigir las pesquisas del denominado caso Leire Díez, ha determinado que la declaración de Mercedes González se produzca finalmente este viernes. El motivo de este aplazamiento técnico responde a la excesiva duración de la comparecencia previa de Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, cuyo testimonio se ha extendido más de lo inicialmente previsto por las partes.
González acude a la sede judicial en calidad de investigada para responder por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Esta citación supone un momento crítico para la cúpula de la seguridad del Estado, ya que se analiza si existió un plan coordinado para interferir en causas que afectan directamente a la órbita del Ejecutivo y del partido en el Gobierno.
La tesis de la instrucción: Presiones contra la UCO
El núcleo de la investigación reside en determinar si la estructura directiva de la Guardia Civil fue utilizada como una herramienta para neutralizar investigaciones incómodas. Según las diligencias practicadas hasta la fecha, la figura de Leire Díez —exmilitante del PSOE— habría actuado como el nexo de unión entre los intereses políticos y la operatividad del Instituto Armado.
Los informes elaborados por la propia Unidad Central Operativa (UCO) sugieren que Díez, aprovechando su relación personal y profesional con González, intentó promover lo que denominó como «investigaciones internas». Estas actuaciones, lejos de buscar la transparencia, habrían tenido como objetivo real fiscalizar y debilitar la independencia de la UCO en sus labores de policía judicial, especialmente en aquellos casos que salpicaban a figuras del entorno socialista como Santos Cerdán.
Encuentros y cronología de los hechos investigados
La investigación ha puesto la lupa sobre una serie de reuniones presenciales que cuestionan la versión de una relación puramente institucional. Los analistas han detectado hitos temporales clave en esta presunta trama de influencias:
- Septiembre de 2024: Primer encuentro registrado donde se habrían sentado las bases de la colaboración.
- Diciembre de 2024: Reunión de seguimiento en un contexto de creciente presión judicial.
- Abril de 2025: Cita final que los investigadores vinculan con peticiones específicas sobre personal implicado en otras causas de corrupción.
Uno de los puntos más polémicos que Mercedes González deberá aclarar ante el juez Pedraz es la supuesta solicitud de Leire Díez para facilitar el retorno al servicio del comandante Rubén Villalba, actualmente salpicado por el caso Koldo. Aunque la directora general ha defendido públicamente que se negó a tales pretensiones, la existencia misma de estas conversaciones bajo sospecha ha forzado su imputación.
La estrategia de defensa de la directora general
Desde que se hicieron públicos los informes incriminatorios, Mercedes González ha mantenido una postura de rechazo absoluto hacia las acusaciones. En sus intervenciones parlamentarias previas, ha insistido en que su gestión al frente del Instituto Armado ha sido impecable y que en ningún momento ha ejercido coacción sobre los agentes que lideran las investigaciones contra la corrupción.
No obstante, la admisión de que existió un intercambio fluido de mensajería instantánea con Díez y la confirmación de las reuniones presenciales complican el escenario judicial. La declaración de este viernes será determinante para dirimir si las instrucciones dadas desde la Dirección General respondían a criterios operativos legítimos o si, por el contrario, formaron parte de una maniobra de obstrucción judicial diseñada para proteger intereses partidistas en detrimento de la función fiscalizadora de la Benemérita.