El panorama político en el Ayuntamiento de Valencia ha dado un vuelco definitivo con la resolución del Comité de Garantías de Vox, que ha dictaminado la expulsión inmediata de quien fuera su referente municipal, Juanma Badenas, junto a la concejal Cecilia Herrero. Esta decisión cierra un ciclo de tensiones internas que se inició formalmente en febrero de 2025, transformando a ambos políticos en ediles no adscritos y dejando a la formación de Santiago Abascal sin su liderazgo habitual en la capital del Turia.
El aislamiento institucional de los antiguos líderes de Vox
La salida de Badenas no ha sido una sorpresa absoluta, pero sí el momento elegido para formalizar un proceso que parecía haberse estancado en los despachos de Madrid. A través de un mensaje en sus canales personales, el propio Juanma Badenas ha reconocido que su baja como militante es una imposición de la dirección nacional. A pesar de intentar proyectar una imagen de serenidad, el ya exafiliado ha recordado con nostalgia sus inicios en 2018, citando a figuras que ya no forman parte de la primera línea del partido, lo que evidencia su creciente desconexión con la actual cúpula.
Desde este momento, la estructura de gobierno y oposición en Valencia se reconfigura. Badenas y Herrero mantienen sus actas, pero pierden el respaldo del grupo municipal de Vox, lo que diluye su capacidad de influencia en las votaciones estratégicas y los deja en un limbo político hasta la finalización de la presente legislatura. Este movimiento busca, según fuentes cercanas a la organización, limpiar la imagen del partido tras una serie de escándalos que comprometían la coherencia ética que Vox predica en su discurso público.
Las claves de la expulsión: contratos y deslealtad interna
El detonante de este terremoto político se encuentra en la gestión de Valencia Activa. Investigaciones documentales revelaron una gestión presuntamente irregular en la adjudicación de servicios de publicidad. El punto más crítico fue la vinculación con el Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible (Imedes), empresa relacionada con el entorno familiar de figuras del ámbito socialista, lo que generó un cortocircuito ideológico y administrativo difícil de justificar para la formación conservadora.
- Favorecimiento contractual: Se detectaron indicios de que los pliegos de condiciones habrían sido elaborados por la propia empresa beneficiaria antes de ser licitados.
- Cuantías bajo sospecha: El contrato principal ascendía a más de 156.000 euros, una cifra que puso el foco sobre la transparencia en la gestión de Badenas.
- Grabaciones comprometedoras: La existencia de audios donde el exconcejal criticaba con dureza a miembros de la directiva nacional, incluyendo a Ignacio Garriga, fue el factor que dinamitó cualquier posibilidad de reconciliación.
La dirección de Vox no solo reprochó las irregularidades administrativas, sino también la falta de colaboración de Badenas durante la auditoría interna. La negativa del edil a facilitar las explicaciones requeridas por el partido fue interpretada como un desafío a la autoridad jerárquica de la formación, acelerando un expediente disciplinario que ha culminado en la expulsión irrevocable.
Consecuencias jurídicas y el papel de María José Catalá
La crisis no se limita a un ajuste de cuentas interno entre siglas. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha mantenido una postura de prudencia institucional, delegando en los servicios jurídicos del consistorio la revisión de todos los contratos bajo sospecha. El Partido Popular, que ha gobernado en coalición o con apoyos puntuales de Vox, se encuentra ahora ante el reto de gestionar un ayuntamiento donde sus antiguos socios están divididos y bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, los grupos de la oposición, liderados por Compromís y el PSPV-PSOE, han aprovechado la coyuntura para denunciar lo que consideran una trama de tráfico de influencias. El escenario judicial que se abre ahora podría complicar todavía más el futuro de Badenas, quien deberá defender su gestión sin el paraguas jurídico ni político de las siglas que lo llevaron al consistorio.
Un nuevo escenario para la derecha valenciana
La expulsión de Badenas y Herrero marca un punto de inflexión para Vox en la Comunidad Valenciana. Al prescindir de sus caras más visibles en el ayuntamiento de la tercera capital de España, el partido asume un riesgo electoral evidente, pero prioriza la disciplina orgánica y el control del relato. La incógnita reside ahora en quién asumirá el liderazgo de las bases descontentas y cómo reaccionará el votante tradicional ante una fractura tan expuesta a la opinión pública.
En conclusión, lo que comenzó como una serie de filtraciones sobre contratos municipales ha terminado por desmantelar el grupo municipal de Vox en Valencia. La formación busca ahora pasar página y reconstruir su identidad local, mientras sus antiguos representantes inician una etapa de resistencia política desde la bancada de los no adscritos, marcada por la sombra de las investigaciones judiciales y el reproche de su propia organización.