El reciente siniestro ferroviario ocurrido en la línea R4 de Rodalies, a su paso por Gelida, ha desencadenado una ofensiva política inmediata en el Parlament de Cataluña. Ante lo que consideran un síntoma más de la degradación del servicio, la CUP ha decidido formalizar una ofensiva institucional para que los máximos responsables de la gestión ferroviaria den explicaciones públicas sobre el estado de las infraestructuras en el territorio.
Exigencia de comparecencias: Los nombres sobre la mesa
La formación anticapitalista, a través de su portavoz en materia de infraestructuras, Dani Cornellà, ha anunciado el registro de peticiones de comparecencia urgentes. El objetivo es que los actores clave en la toma de decisiones asuman su cuota de responsabilidad política y técnica. Entre los perfiles señalados se encuentran:
- Sílvia Paneque, actual consellera de Territorio de la Generalitat.
- Luis Pedro Marco, presidente de Adif.
- Ángel Contreras, representante máximo de Adif en Cataluña.
Para la CUP, no se trata de un incidente aislado, sino de la consecuencia directa de una gestión que requiere ser auditada ante la cámara catalana de forma transparente.
Falta de mantenimiento y desinversión crónica
El núcleo del argumento esgrimido por los diputados se centra en lo que califican como una falta estructural de mantenimiento que arrastra la red desde hace años. Según el análisis presentado, la red ferroviaria catalana sufre las consecuencias de una desatención presupuestaria que no se soluciona con planes de choque temporales, sino con una inversión sostenida y real.
La crítica no solo se dirige a la entidad estatal, sino también a la falta de contundencia del Govern de la Generalitat. Cornellà ha destacado que la desinversión en el sistema ferroviario tiene efectos palpables en el día a día de los usuarios, generando una sensación de caos e inseguridad que ya no puede ser ignorada por las instituciones.
El impacto de la paralización del servicio
Otro de los puntos de fricción ha sido la gestión de la crisis tras el accidente en Gelida. La CUP cuestiona el protocolo de actuación que supuso la interrupción masiva de la circulación, afectando a miles de trabajadores y estudiantes. Se ha puesto en duda si la estrategia de bloquear la red ferroviaria ante cualquier incidencia es la respuesta adecuada o si es el resultado de la incapacidad operativa por la falta de recursos alternativos.
Desde la formación sugieren que la administración catalana no puede exigir resultados inmediatos a un problema que ha permitido crecer durante décadas. Por ello, instan a que se establezca un calendario de inversiones ambicioso que garantice, por un lado, la seguridad de los pasajeros y, por otro, la fiabilidad de una red que es clave para la movilidad sostenible en Cataluña.
En conclusión, el accidente de Gelida se convierte en un nuevo punto de inflexión político. La exigencia de responsabilidades en el Parlament busca romper con la dinámica de silencio administrativo y forzar un cambio de rumbo en la política de infraestructuras del Estado y la Generalitat.