La tensión entre el poder judicial y la administración local de Alicante ha alcanzado un nuevo punto crítico. Ante la falta de respuesta institucional, la magistrada que lidera la instrucción sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus ha tomado una medida drástica: el despliegue de agentes policiales en la propia sede consistorial para asegurar la entrega de pruebas.
Un ultimátum ante el silencio administrativo
La decisión judicial no es fruto de la improvisación, sino el resultado de una serie de silencios por parte del Ayuntamiento. Según los informes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado ya había emitido dos requerimientos previos, concretamente los días 12 y 21 de mayo, solicitando documentación técnica esencial para el avance del caso. Ante la ausencia de estos expedientes en la sede judicial, la magistrada ha optado por una intervención presencial para garantizar la transparencia del proceso en la Playa de San Juan.
El papel de la Policía Nacional y los plazos judiciales
La Unidad Adscrita de la Policía Nacional a los Juzgados de Alicante ha recibido el mandato directo de personarse en las oficinas de los servicios jurídicos municipales. El objetivo de este movimiento es doble y busca evitar más dilaciones en una investigación que afecta a la gestión de vivienda pública:
- Identificación formal: Los agentes deberán señalar específicamente al funcionario o responsable encargado de custodiar y tramitar la documentación requerida por el juzgado.
- Plazo improrrogable: Se ha establecido un margen de cinco días naturales para que el Ayuntamiento entregue de forma definitiva todos los folios que componen el expediente de Les Naus.
Riesgos penales por desobediencia para los responsables
Este requerimiento policial lleva aparejado un apercibimiento legal de extrema gravedad. En caso de que el consistorio persista en su actitud obstructiva o no aporte el material solicitado en el tiempo estipulado, los responsables de los servicios jurídicos incurrirían en un delito de desobediencia, tal y como estipula el artículo 556 del Código Penal.
Esta medida subraya la firmeza de la magistrada para evitar que el proceso penal quede paralizado en los despachos municipales. Con esta maniobra, la justicia busca despejar cualquier sombra de duda sobre la transparencia en la adjudicación de viviendas protegidas, obligando a una rendición de cuentas inmediata y efectiva bajo la supervisión de las fuerzas de seguridad.