El escenario jurídico en torno al denominado caso Leire ha tomado un giro significativo tras la petición formal de la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Las fiscales encargadas del proceso han instado al magistrado Santiago Pedraz a citar en calidad de testigo a Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, en una maniobra que busca esclarecer las ramificaciones políticas de la investigación liderada por la Benemérita.
El rastreo de la UCO y las conversaciones bajo sospecha
La base de esta solicitud reside en las indagaciones exhaustivas realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los informes técnicos incorporados al sumario detallan una serie de comunicaciones a través de WhatsApp entre Narbona y la exmilitante Leire Díez. En dichos intercambios, se planteaban estrategias para mitigar el impacto mediático y político sobre la figura del presidente, mencionando incluso la necesidad de ofrecer una «ayuda cualificada» para revertir la situación reputacional del partido, utilizando expresiones como «dar la vuelta al asunto como a un calcetín».
A pesar de que la presidenta socialista ha defendido que no recibió información relevante y que remitió el asunto a otras instancias del partido, el Ministerio Público considera esencial su testimonio para verificar la trazabilidad de estos contactos. La fiscalía busca determinar si existió una coordinación real para obstaculizar o desviar las investigaciones en curso.
Implicaciones para la cúpula de la Guardia Civil y la defensa de Koldo
La ofensiva judicial de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen no se limita exclusivamente a la esfera política. La petición de comparecencia se extiende a una veintena de personas, poniendo el foco en la estructura de seguridad del Estado. Entre los citados como testigos figuran:
- El general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.
- Rafael Yuste y Alfonso López Malo, quienes anteriormente lideraron la UCO.
- Tres agentes en activo que habrían tenido contacto con las pesquisas de la trama.
De forma paralela, la situación procesal de Leticia de la Hoz, abogada vinculada a Koldo García, ha sufrido una modificación drástica. La Fiscalía ha solicitado que su declaración no sea como testigo, sino como imputada, lo que sugiere que los indicios recopilados por los investigadores apuntan a una posible participación en los hechos que excedería las labores propias de una defensa técnica legal.
Un horizonte judicial complejo para el PSOE
Este nuevo impulso procesal sitúa al PSOE en una posición delicada, al verse obligada su presidenta a declarar sobre la gestión interna de las crisis derivadas de sus exmilitantes. La decisión final recae ahora sobre el juez Santiago Pedraz, quien deberá evaluar si las pruebas aportadas por la UCO justifican esta amplia ronda de declaraciones que amenaza con profundizar en las conexiones entre el entorno ministerial y la trama de influencias investigada.