La reciente intervención del Papa León XIV ante el Congreso de los Diputados ha generado un profundo cisma político, liderado por la firme oposición de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. El escenario parlamentario, tradicionalmente reservado para la soberanía popular, se convirtió en el epicentro de una controversia sobre la laicidad del Estado y los límites de la influencia religiosa en la legislación civil.
Fricción institucional: El desplante de Podemos ante el pontífice
Mientras una parte del arco parlamentario ovacionaba las palabras del máximo representante de la Iglesia Católica, los escaños de Podemos permanecieron vacíos. Esta ausencia no fue una casualidad, sino un acto de protesta deliberado. Montero ha sido tajante al calificar al pontífice como el máximo responsable de una teocracia, cuestionando que se le haya otorgado un altavoz institucional de tal magnitud para arremeter contra leyes civiles.
Para la exministra de Igualdad, permitir que una figura religiosa cuestione conquistas democráticas en el corazón de la democracia española supone un retroceso simbólico peligroso. El debate no gira solo en torno a las creencias, sino sobre quién tiene la legitimidad para dictar normas sobre la autonomía corporal de la ciudadanía en un Estado que se define como no confesional.
Derechos civiles bajo la lupa de la doctrina religiosa
El punto de mayor fricción radica en las críticas del Papa hacia la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia. Montero ha denunciado que estas declaraciones atacan directamente los derechos de más de la mitad de la población. Según la eurodiputada, la normalización de estos discursos en sede parlamentaria ignora el esfuerzo de décadas por consolidar la soberanía reproductiva y el derecho a una muerte digna.
- El cuestionamiento del aborto como una vulneración de la libertad femenina.
- La crítica a la eutanasia frente a una legislación democráticamente aprobada.
- La contradicción de ofrecer honores de Estado a quien impugna leyes del propio Estado.
Deudas históricas y justicia reparativa
Más allá de la política actual, el discurso de Montero ha rescatado las deudas pendientes de la Iglesia con la sociedad española. Ha puesto sobre la mesa la falta de reparación para las más de 400.000 víctimas de pederastia en el ámbito eclesiástico, señalando un silencio persistente que impide el acceso a la verdad y a los archivos institucionales.
Asimismo, ha vinculado la herencia de la institución con periodos oscuros como el franquismo, mencionando el papel del Patronato de Protección a la Mujer en casos de bebés robados y el sometimiento de miles de ciudadanas. Para la líder de la formación morada, es imposible construir una alianza con una institución que, a su juicio, aún no ha rendido cuentas por su complicidad en la represión histórica contra las mujeres.
El espejismo del progresismo eclesiástico
Aunque Montero reconoce que ciertos mensajes de León XIV sobre la paz mundial y la acogida de inmigrantes pueden parecer avanzados o cercanos a posturas de izquierda, advierte que esto no debe servir como una distracción. Para la eurodiputada, estos valores humanitarios no compensan la postura de la Iglesia sobre los derechos fundamentales de las mujeres y el colectivo LGTBI.
En conclusión, la postura de Irene Montero subraya una realidad ineludible: la brecha entre la agenda feminista y la doctrina del Vaticano es hoy más profunda que nunca. La exigencia de una laicidad real en las instituciones españolas se presenta como la única vía para blindar los derechos conquistados frente a las interferencias de cualquier jerarquía religiosa, por muy diplomática que sea su visita.