La trama que envuelve las operaciones de Víctor de Aldama ha sumado un nuevo capítulo de gran relevancia política y económica. El Gobierno de España ha reconocido oficialmente que el empresario, a través de su firma Pilot Real Estate SL, puso sobre la mesa una oferta de 250 millones de euros para hacerse con el complejo urbanístico Campos Velázquez, una joya inmobiliaria situada en el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid. Este movimiento, registrado formalmente a finales de 2018, sitúa el foco en las presuntas influencias que habrían frenado la transacción.
El factor Begoña Gómez: Un giro inesperado en la negociación
Lo que inicialmente parecía una operación inmobiliaria de alto nivel ha derivado en una polémica sobre el tráfico de influencias. Según la declaración de Aldama ante el Tribunal Supremo, el proceso de compra no se detuvo por falta de solvencia o interés comercial, sino por una orden directa. El empresario sostiene que Koldo García, exasesor ministerial, le instó a retirar la oferta de manera inmediata. El motivo esgrimido fue que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tenía interés personal en el uso de dichas instalaciones para sus proyectos profesionales, vinculados en aquel momento al Instituto de Empresa.
Esta versión de los hechos sugiere una interferencia política en la gestión de activos públicos. Aldama asegura que el edificio, con una superficie de 43.000 metros cuadrados, era visto como una oportunidad estratégica que le fue comunicada desde el entorno del Ministerio de Hacienda. La retirada forzosa de la propuesta supuso, según su testimonio, renunciar no solo al inmueble, sino a una estructura de beneficios previamente pactada con fondos de inversión internacionales.
Análisis de las cifras: Comisiones y competidores en liza
La magnitud económica del proyecto Campos Velázquez queda patente en los documentos de Sepides. La oferta de Aldama no fue la única, aunque sí la más cuantiosa. El entramado de incentivos financieros que rodeaba la operación incluía cláusulas muy específicas sobre el éxito de la venta:
- Oferta principal: 250 millones de euros presentados por Pilot Real Estate SL en noviembre de 2018.
- Segunda oferta: La firma Platinum Estates Ltd ofertó 201 millones de euros en mayo de 2019.
- Comisiones en juego: Aldama afirma que tenía pactada una comisión de 20 millones de euros si la venta se cerraba en los primeros seis meses, reduciéndose a 15 millones si el plazo se extendía.
- Ajuste de precio: En fases avanzadas de la negociación, el importe se habría reajustado hasta los 208 millones de euros.
La postura de Sepides: El edificio como activo estratégico
A pesar de la insistencia de los inversores privados, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) mantiene una versión técnica sobre el destino del inmueble. Según una resolución de transparencia, el complejo Campos Velázquez nunca llegó a estar formalmente en el mercado. Un informe interno elaborado por las direcciones financiera y corporativa de la entidad pública en julio de 2019 determinó que la venta era desfavorable para los intereses del Estado.
El organismo subraya que, al ser considerado un activo estratégico, ninguna de las ofertas recibidas, incluida la de Aldama, llegó a generar un expediente de comercialización oficial. No obstante, el reconocimiento de la recepción de estas propuestas millonarias confirma que el interés por el complejo era real y que existieron contactos de alto nivel para intentar desbloquear una de las operaciones de patrimonio público más ambiciosas de la última década en la capital.
Implicaciones legales y futuro de la investigación
La confirmación de estas ofertas por parte del Ejecutivo añade presión a la instrucción judicial. Los investigadores tratan de dirimir si la paralización de la venta respondió a criterios estrictamente técnicos de la SEPI o si, por el contrario, existió una mediación para favorecer intereses particulares. El testimonio de Aldama vinculando directamente a Begoña Gómez con el destino del edificio de Campos Velázquez coloca a las instituciones en una posición delicada, obligando a una revisión exhaustiva de los protocolos de enajenación de bienes estatales en el entorno de la Presidencia.