Un horizonte penal de 12 años para las exmonjas de Belorado
El conflicto que mantiene en vilo a la comunidad eclesiástica española ha dado un giro judicial determinante. La Fiscalía y la acusación particular han endurecido su postura, solicitando una pena de 12 años de prisión para cada una de las siete religiosas que protagonizaron el cisma de Belorado. Esta petición llega tras el cierre de la fase de instrucción por parte del Tribunal de Instrucción 5 de Bilbao, dejando a las acusadas a las puertas de un juicio oral que promete desvelar los detalles más oscuros de su convivencia en el monasterio.
El caso no se limita a una simple disputa teológica o de autoridad. Las imputaciones son de extrema gravedad, centrándose en el presunto maltrato y abandono sufrido por cinco monjas de avanzada edad. Lo que comenzó como un desafío a la jerarquía del Arzobispado de Burgos ha derivado en un proceso penal que analiza la posible desprotección de las religiosas más vulnerables del grupo, cuyas edades oscilan entre los 87 y los 101 años.
Los seis delitos que acorralan a las religiosas cismáticas
La estrategia de la acusación no deja margen a la ambigüedad, imputando un total de seis delitos distintos a cada una de las siete investigadas. Según el análisis del Ministerio Público, las acciones realizadas durante su periodo de rebelión no solo vulneraron normas canónicas, sino que habrían traspasado la legalidad civil de forma sistemática. Los cargos principales incluyen:
- Abandono y omisión del deber de socorro hacia las religiosas ancianas bajo su cuidado.
- Trato degradante y coacciones, lo que sugiere un ambiente de presión psicológica en el convento.
- Administración desleal y apropiación indebida, delitos que apuntan directamente a la gestión de los recursos y el patrimonio de la comunidad.
Este abanico de cargos refleja una supuesta gestión negligente y abusiva que, según la fiscalía, puso en riesgo la integridad física y moral de las internas de mayor edad, quienes finalmente tuvieron que ser rescatadas por la Guardia Civil.
Defensa y narrativa: La versión de la «Caza de Brujas»
Frente a la contundencia de las peticiones de cárcel, las exmonjas de Belorado han emitido un comunicado oficial donde rechazan categóricamente los hechos. Su línea de defensa se aleja de lo técnico para centrarse en un argumento de persecución ideológica. Para ellas, el proceso judicial es en realidad una «caza de brujas» orquestada como castigo por haber desafiado públicamente a la autoridad eclesiástica.
Las religiosas se declaran plenamente inocentes y sostienen que las acusaciones de maltrato son una invención destinada a deslegitimar su postura doctrinal. Según su interpretación, el peso de la ley está siendo utilizado como un arma de represalia por su ruptura con Roma, intentando silenciar su voz a través de un estigma criminal que consideran injustificado.
El dramático rescate de las ancianas y el fin del exilio
Uno de los puntos más críticos de la investigación se remonta a los traslados sospechosos entre los monasterios de Burgos y Orduña (Bizkaia). En julio, justo antes de ser desahuciadas de su sede principal, las acusadas movilizaron a las cinco monjas ancianas. Esta situación culminó en una intervención policial a finales de año, cuando la Benemérita tuvo que intervenir para asegurar la salud de las veteranas religiosas.
Actualmente, las monjas cismáticas residen dispersas entre La Puebla de Montalbán y Vizcaya, habiendo perdido su hogar original tras el proceso de desahucio. Lo que comenzó como un cisma mediático en busca de una supuesta «pureza de fe» ha terminado convirtiéndose en un laberinto judicial donde las penas de prisión son ahora una posibilidad real y cercana para sus protagonistas.