La Justicia estrecha el cerco sobre la SEPI por la gestión del rescate a Air Europa
Un nuevo capítulo judicial se abre en torno a los fondos de rescate otorgados durante la crisis sanitaria. El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha fijado su mirada en la cúpula de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), citando a declarar a su vicepresidente, Bartolomé Lora, por su presunta implicación en una trama de irregularidades administrativas. La investigación se centra en la inyección de 475 millones de euros a la aerolínea de Globalia en noviembre de 2020.
La resolución emitida por el magistrado responde a la admisión a trámite de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias. El eje de las diligencias previas es determinar si se cometió un delito de prevaricación al autorizar el desembolso masivo de fondos públicos sin que, presuntamente, se cumplieran los requisitos legales exigidos en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
El dilema de la solvencia: ¿Se ignoraron deudas con el fisco?
La clave de este proceso judicial reside en los filtros de elegibilidad aplicados en el momento de la concesión. Según los indicios analizados por el juzgado, Air Europa podría no haber cumplido con la exigencia básica de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
El reglamento que rige estos rescates estatales era taxativo: cualquier deuda pendiente con el Estado invalidaba automáticamente el acceso al capital público. No se trataba de una recomendación, sino de una condición sine qua non para la viabilidad de la ayuda. La investigación busca confirmar si la compañía mantenía compromisos financieros impagados y si la SEPI fue consciente de ello al otorgar el préstamo participativo y el ordinario que sumaron la multimillonaria cifra.
Implicaciones legales y el foco en la dirección técnica
El magistrado analiza ahora si existió una voluntad deliberada por parte de los responsables de la SEPI para saltarse los protocolos legales y favorecer a la aerolínea. La figura de la prevaricación administrativa se sustenta en la adopción de resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia, algo que Bartolomé Lora deberá aclarar en su comparecencia prevista para el próximo 22 de abril.
Los puntos críticos que el juzgado pretende desentrañar durante la instrucción incluyen:
- La verificación de los informes técnicos que avalaron la situación fiscal de la aerolínea en 2020.
- El análisis de si los criterios de solvencia se aplicaron con rigor administrativo o bajo una interpretación flexible ad hoc.
- La posible existencia de presiones externas para agilizar un rescate que el Consejo de Ministros terminó ratificando de urgencia.
Un precedente para la fiscalización de los fondos públicos
Este proceso no solo pone en entredicho la gestión individual de los altos cargos de la SEPI, sino que arroja sombras sobre la integridad de los mecanismos de financiación estatal activados durante la pandemia por el Gobierno de España. La comparecencia de Lora marcará el rumbo de una instrucción que podría derivar en responsabilidades penales de calado si se demuestra que se ignoraron advertencias técnicas sobre la situación financiera real de la empresa rescatada.
En definitiva, la justicia busca esclarecer si el dinero del contribuyente se utilizó como un salvavidas ajustado a derecho o si, por el contrario, el procedimiento se vio viciado por una gestión arbitraria de los recursos estratégicos del Estado en un momento de vulnerabilidad económica nacional.