La gestión de los recursos públicos en los altos estamentos del deporte español vuelve a estar bajo el escrutinio social tras revelarse el uso de fondos estatales para cubrir trayectos de carácter personal. El foco recae sobre Albert Soler, quien fuera director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), debido a la aprobación de decenas de pagos destinados exclusivamente a financiar sus traslados hacia su residencia privada.
El coste de la movilidad privada en la gestión deportiva pública
De acuerdo con la información obtenida a través del Portal de Transparencia, la administración deportiva española desembolsó una suma que supera los 14.000 euros para sufragar la logística doméstica de Soler durante su mandato. Estos gastos no se limitan a casos aislados, sino que forman parte de una estructura de 76 expedientes administrativos validados como «cuentas justificadas».
El periodo analizado comprende principalmente los años 2021 y 2022, etapa en la que el directivo compaginó su agenda institucional con estos desplazamientos recurrentes. Lo llamativo de la documentación no es solo la cuantía total, sino la especificidad del concepto bajo el cual se autorizaron los pagos: traslados directos al domicilio particular del alto cargo.
Tarifas elevadas: trayectos que rozaron los 400 euros
Al analizar el desglose de los gastos, se observa una variabilidad de precios que dista mucho de lo que supondría un transporte urbano convencional. Mientras que algunos trayectos se mantuvieron en cifras moderadas, una parte significativa de la facturación presenta importes individuales superiores a los 200 y 300 euros.
- En el ejercicio de 2021, se registraron picos de facturación por trayecto de 294,85 euros y un máximo detectado de 397,31 euros.
- Durante 2022, la tendencia se consolidó con numerosos recibos que oscilaban entre los 220 y los 321 euros por un único viaje.
- La contabilidad oficial del CSD llegó a liquidar más de 21.800 euros en comisiones de servicio totales para ese año, de los cuales una fracción sustancial se destinó a estos retornos residenciales.
Justificaciones administrativas y logística nocturna
Los registros oficiales son inusualmente transparentes en su redacción. En los expedientes se pueden leer descripciones literales como «TRASLADO A SU DOMICILIO PARTICULAR» o anotaciones que vinculan el viaje con eventos específicos, tales como reuniones de trabajo o inauguraciones institucionales. No obstante, el destino final siempre permanecía inalterable: la vivienda del exdirector.
Un aspecto relevante que arroja la documentación es el horario de estos desplazamientos. Algunos de los gastos más cuantiosos se generaron en franjas nocturnas, con registros de servicios realizados entre las 22:00 y la 1:00 de la madrugada. Esta logística sugiere una prolongación de la jornada laboral que el organismo decidió compensar financiando el transporte privado de vuelta a casa.
Diferenciación técnica: Taxis frente a traslados domiciliarios
Es fundamental separar estos 14.000 euros de otras partidas de movilidad urbana. El Consejo Superior de Deportes mantenía una contabilidad paralela para los servicios de taxi convencionales. Por ejemplo, en 2021 se contabilizaron facturas de taxi adicionales por un valor aproximado de 463 euros.
En ciertos informes justificativos, el organismo alegó que el uso de servicios externos de transporte se debió a la falta de disponibilidad del parque móvil oficial del Estado o a problemas técnicos con las aplicaciones de gestión de vehículos públicos. Esta falta de recursos internos sirvió como base legal para autorizar el pago de transportes privados de alto coste que, finalmente, fueron asumidos por el erario público.
Un reflejo de la cultura de gasto en la alta dirección
El caso de Albert Soler pone de manifiesto una práctica administrativa que, aunque esté respaldada por expedientes de «liquidación de gastos», plantea interrogantes sobre la ética en el uso del presupuesto público. La tramitación de estos pagos incluso se extendió más allá del cese del directivo, con facturas de desplazamientos realizados en 2022 que se terminaron de gestionar administrativamente bien entrado el año 2023.
En conclusión, la acumulación de 76 expedientes de traslado personal no parece responder a una necesidad puntual de servicio, sino a un modelo de gestión de gastos donde la frontera entre la logística institucional y el beneficio privado se vuelve difusa. La transparencia, en este caso, ha servido para cuantificar con precisión el precio que el Estado pagó por asegurar que uno de sus altos cargos llegara a la puerta de su casa tras su jornada laboral.