La actual política de Memoria Democrática en España parece transitar por un camino de doble vía donde ciertos colectivos son reivindicados con honores, mientras otros permanecen en un incómodo punto ciego. Esta es la denuncia que lideran veteranos de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), quienes, tras medio siglo de espera, se encuentran con un muro de silencio por parte del Ministerio del Interior. A pesar de haber sido piezas clave en la transición, su papel en la democratización de las instituciones policiales no ha recibido el reconocimiento oficial que esperaban.
La paradoja del olvido institucional en la era de Marlaska
Resulta contradictorio que un Ejecutivo volcado en la dignificación del pasado democrático ignore a quienes, portando uniforme, desafiaron la inercia del régimen anterior para exigir libertades básicas. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha optado por la ausencia de respuesta ante las peticiones de los agentes que en 1976 se manifestaron para solicitar algo tan elemental como el acceso a la Seguridad Social y la desmilitarización de sus funciones laborales.
La negativa no solo llega desde el despacho ministerial. En el Congreso de los Diputados, la burocracia ha servido de escudo para denegar un espacio físico de homenaje, alegando que la solicitud provenía de un particular y no de una asociación constituida. Este rigor formalista contrasta con la celeridad que la Cámara suele mostrar para otros actos de corte histórico o social, dejando a estos veteranos en una situación de orfandad institucional.
Diciembre de 1976: El desafío de los ‘grises’ y la Guardia Civil
Para entender la magnitud de la efeméride que hoy se intenta rescatar del olvido, hay que retroceder al 17 de diciembre de 1976. Solo dos días después del referéndum que validó la Ley para la Reforma Política, cientos de agentes de la entonces Policía Armada y miembros de la Guardia Civil rompieron la disciplina jerárquica. Aquella movilización en la Plaza de Oriente y el Ministerio de Gobernación no fue un simple conflicto laboral, sino un compromiso democrático de alto riesgo.
La respuesta del Estado, dirigido entonces por Adolfo Suárez bajo una legislación aún autoritaria, fue contundente y represiva:
- Cerca de 280 agentes fueron encarcelados en un centro penitenciario en Soria, habilitado como prisión militar para la ocasión.
- Se iniciaron decenas de consejos de guerra y tribunales de honor que truncaron trayectorias profesionales de forma definitiva.
- Muchos efectivos sufrieron traslados forzosos a los destinos más peligrosos o aislados de la geografía española como castigo ejemplarizante.
- Las familias de los sancionados quedaron desprotegidas en un contexto de crisis económica y fuerte estigma social dentro del cuerpo.
Un legado de derechos y libertad sindical
Aquella insurrección pacífica pero firme fue el germen de la libertad sindical que hoy disfruta la Policía Nacional. Sin el sacrificio de aquellos hombres, que pusieron en juego su libertad para denunciar el uso de instituciones psiquiátricas como herramienta de control para los disidentes internos, la modernización de las fuerzas de seguridad habría sido mucho más lenta y traumática.
Veteranos como José Sánchez Amor, con una hoja de servicios impecable que incluye la defensa del orden constitucional durante el 23-F, insisten en que el objetivo no es partidista. No buscan que una sigla política se apropie del homenaje, sino que el Estado, como entidad superior, reconozca que la democracia española también se construyó desde las alcantarillas y los cuarteles, por hombres que creyeron en un país diferente.
El 29 de octubre: Una cita contra el letargo de la memoria
Ante la pasividad del Ministerio del Interior, han sido las organizaciones sociales y sindicales las que han tomado el testigo. El próximo 29 de octubre, Madrid acogerá unas jornadas reivindicativas que servirán de marco para ese homenaje que las instituciones se niegan a firmar. Será un acto de reparación moral organizado por el Sindicato Reformista de Policías con el respaldo de las principales centrales sindicales del país.
La presencia o ausencia de altos cargos de la Secretaría de Estado de Seguridad en este evento será el termómetro definitivo para medir el compromiso real del Gobierno con una memoria que sea verdaderamente inclusiva. No se puede hablar de calidad democrática mientras se mantenga el silencio sobre aquellos que, vistiendo el uniforme de la época, fueron los primeros en pedir que la Constitución llegara también a las comisarías y cuarteles de España.
La historia de la transición no estará completa mientras persista este vacío. Reconocer la valentía de quienes sufrieron prisión en Soria por pedir libertad es una deuda pendiente que el Ministerio del Interior no debería seguir aplazando bajo excusas administrativas.