En un movimiento estratégico para frenar la escalada de críticas, el equipo de Isabel Díaz Ayuso ha tomado la iniciativa en la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional ha registrado formalmente una solicitud para que Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, comparezca ante el Pleno para dar detalles técnicos sobre la polémica adquisición y posterior puesta a la venta de un ático en el distrito de Chamberí.
Transparencia institucional frente a la presión de la oposición
La decisión de comparecer a petición propia busca proyectar una imagen de rendición de cuentas y control parlamentario proactivo. Desde la Puerta del Sol defienden que su administración es la que más se somete al escrutinio de la Cámara de Vallecas, respondiendo tanto a preguntas orales como escritas de forma recurrente. El foco de esta intervención será Planifica Madrid, la entidad pública adscrita a la Consejería de Presidencia que gestionó la compra del inmueble.
La gestión patrimonial de esta empresa pública ha estado bajo la lupa tras conocerse que el ático fue adquirido con fondos públicos, una operación que el Ejecutivo madrileño justifica por la necesidad de habilitar un despacho temporal para la presidenta durante las obras de remodelación de la Real Casa de Correos.
Un activo de lujo en el mercado inmobiliario público
Apenas unos días después de que estallara la controversia, la Comunidad de Madrid ha decidido desprenderse del inmueble. El ático de Chamberí ha salido al mercado con un precio de salida de 6,7 millones de euros. Esta no es la única propiedad que el Gobierno regional pretende enajenar; se han sumado otros cuatro locales en la emblemática Gran Vía, valorados en conjunto en unos 11,8 millones de euros.
- Precio del ático: 6,7 millones de euros de base.
- Objetivo de la venta: Recaudar fondos para paliar los daños de los incendios forestales en la Sierra Oeste.
- Motivo inicial: Espacio institucional de apoyo para consejerías y sedes gubernamentales.
El frente judicial y la respuesta política de Ayuso
Mientras el consejero prepara su comparecencia, la batalla legal sigue su curso. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid analiza actualmente cinco denuncias vinculadas a esta transacción, interpuestas por el PSOE-M, el partido Iustitia Europa y varios particulares. La izquierda madrileña sostiene que la operación encubre la búsqueda de una vivienda oficial encubierta para la presidenta, una tesis que Ayuso ha tildado de absurda.
La mandataria madrileña ha sido tajante al respecto, asegurando que todas las dudas han sido resueltas y que la propiedad ya no forma parte del inventario operativo al estar a la venta. Con su habitual estilo directo, zanjó el tema recientemente con un «Chao, pescao», indicando que para el Gobierno regional el asunto está administrativamente cerrado, a pesar de los intentos de la oposición por estirar el debate político.
Contraataque dialéctico: Desviación de la atención nacional
Por su parte, García Martín ha aprovechado sus intervenciones públicas para contraatacar, sugiriendo que las críticas de la izquierda son una cortina de humo. Según el portavoz regional, el ruido mediático en torno al ático busca ocultar los casos de corrupción y el caos institucional que, a su juicio, atraviesa el Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez.
Incluso voces del liderazgo nacional del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo, han señalado que es el área de Patrimonio de la Comunidad de Madrid la encargada de dar las explicaciones técnicas necesarias sobre la idoneidad del local y su uso administrativo, desligando la decisión técnica de una voluntad puramente personal de la presidenta.
La fecha de la comparecencia queda ahora a expensas de la Mesa de la Asamblea, que deberá encajar este debate en el calendario parlamentario, en lo que promete ser una de las sesiones más tensas del actual periodo de sesiones.