El proceso de instrucción que rodea al ex director adjunto de la Policía (DAO), José Ángel González, ha tomado un giro determinante hacia el análisis de las motivaciones económicas. La estrategia de defensa del ex alto mando policial se centra ahora en demostrar que la denuncia por agresión sexual interpuesta por una agente no es más que una maniobra para alcanzar una jubilación privilegiada y obtener una compensación económica desproporcionada.
El móvil económico: Una pensión del 200% en el punto de mira
Los letrados que representan a González han presentado un escrito contundente ante el juzgado de violencia sobre la mujer. En este documento, sostienen que la denunciante actúa movida por el despecho y un interés financiero claro. Según la defensa, el objetivo final de la agente sería lograr una sentencia condenatoria que le permitiera acceder a una pensión extraordinaria, llegando a percibir hasta el 200% de su salario actual tras una jubilación forzosa por causas derivadas del servicio.
Para sustentar esta tesis de la «jerarquía ficticia», la defensa argumenta que la agente ha intentado vincular los hechos a un entorno laboral de subordinación que, según los registros oficiales, no existía. La propia denunciante habría admitido en sede judicial que el exDAO no era su superior jerárquico directo, lo que desmontaría el agravante de prevalimiento de cargo que se intenta proyectar en la causa.
Contradicciones en las pruebas: El audio y el arma reglamentaria
Uno de los pilares de la acusación, una grabación de audio, se ha convertido paradójicamente en el principal recurso de la defensa para señalar inconsistencias. Los abogados destacan varios puntos críticos que restan credibilidad al relato de la supuesta víctima:
- La naturaleza del sonido: Mientras la acusación identifica un sonido nítido como el de una cremallera de pantalón, la defensa aclara que la agente llevaba pantalones de botón. El ruido correspondería, en realidad, a la riñonera donde guardaba su pistola.
- Despedida cordial: En la grabación se escuchan expresiones de afecto como «adiós cariño» y una citación para un encuentro posterior el domingo, lo cual choca frontalmente con el escenario de una agresión violenta.
- Presencia voluntaria: La agente reconoció haber acudido al domicilio de González por voluntad propia, portando su arma reglamentaria, con el fin de interrogarle sobre otras posibles relaciones sentimentales.
- Persistencia en el contacto: El registro de llamadas muestra que, tras el supuesto incidente, la mujer telefoneó al exDAO hasta en seis ocasiones, un comportamiento que los psicólogos forenses de la defensa califican como incompatible con el trauma de una agresión.
Ofensiva legal contra la exposición en los medios
Más allá de los hechos acontecidos en el domicilio, los abogados José Carlos Velasco e Ignacio Fúster han solicitado al magistrado instructor que se aperciba formalmente al abogado de la acusación. La defensa acusa a la contraparte de orquestar una campaña de comunicación basada en «falsas verdades» y en la filtración selectiva de fragmentos de la instrucción para dañar la reputación de González antes de que concluya el juicio.
El escrito judicial subraya que se han realizado más de cuarenta intervenciones públicas que vulneran la reserva de las actuaciones. La defensa considera inadmisible que se valore el contenido de las pruebas en programas de televisión mientras la instrucción sigue abierta, especialmente cuando dichas valoraciones omiten las partes del audio que evidencian la actitud «celosa y posesiva» que ellos atribuyen a la denunciante.
Antecedentes y perfil de la denunciante
Finalmente, la defensa ha puesto sobre la mesa el historial de la agente, mencionando que no es la primera vez que inicia procesos judiciales contra compañeros con los que ha mantenido relaciones afectivas. Estos antecedentes, sumados a la negativa inicial de la mujer a reconocer frases que aparecen claramente en el audio, refuerzan la tesis de que estamos ante una denuncia basada en el resentimiento personal y no en un ilícito penal. La instrucción continúa buscando esclarecer si la relación, marcada por la toxicidad según los testimonios, cruzó en algún momento la línea de la legalidad o si se trata de un conflicto privado elevado a la categoría de delito con fines lucrativos.