El entramado judicial que rodea al caso Negreira atraviesa un momento de fricción administrativa que coloca nuevamente al FC Barcelona en una posición comprometida ante los tribunales. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha emitido una orden directa a la entidad azulgrana: dispone de un margen de apenas 48 horas para facilitar información fidedigna que permita localizar a Gerard López, pieza clave en las próximas diligencias del proceso.
Un requerimiento urgente ante la imposibilidad de contacto
La justicia ha topado con un muro logístico en su intento de citar a declarar al que fuera técnico del filial y exjugador del primer equipo. Según los documentos procesales, los intentos de notificación a través de los datos proporcionados por la defensa de José María Bartomeu han resultado infructuosos. Ni la vía telefónica ni la dirección postal inicialmente facilitadas han servido para dar con el paradero de López, lo que ha obligado al letrado de la Administración de Justicia, José María Valls Soriano, a exigir la colaboración activa del club.
El tribunal requiere ahora que el Barça aporte, bajo apercibimiento legal, una dirección de correo electrónico y un domicilio postal válido. Este movimiento busca garantizar que tanto el exentrenador como el histórico delegado Antonio Alonso puedan comparecer en la sede judicial de la Gran Vía de les Corts Catalanes el próximo 13 de noviembre de 2026.
La relevancia estratégica de los testigos en el banquillo
La importancia de Gerard López en esta fase de la investigación no es baladí. Su etapa como máximo responsable del Barça B (2015-2018) coincide con los últimos años de los pagos efectuados a José María Enríquez Negreira. La justicia busca determinar si la influencia del entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros se filtraba de alguna manera en la estructura deportiva o si existían informes reales que justificaran el desembolso de más de 8 millones de euros durante casi dos décadas.
- Gerard López: Su testimonio es vital por su doble rol histórico en la institución y su presencia en el organigrama técnico durante años clave.
- Antonio Alonso: Como delegado del equipo, posee una visión interna sobre la logística y las relaciones del club con el estamento arbitral en el día a día.
El fantasma de la prescripción y el informe ‘Pelícano 2.0’
Mientras la vía penal sigue su curso con dificultades, como el reciente informe forense que apunta al deterioro cognitivo de Negreira como posible eximente para ser juzgado, la vertiente deportiva del escándalo parece haber quedado neutralizada por los tiempos administrativos. Resulta revelador analizar cómo la RFEF modificó su código ético en 2021, reduciendo los plazos de prescripción de diez a tres años, justo cuando se cumplía el trienio del último pago sospechoso.
Sin embargo, nuevas informaciones derivadas del informe ‘Pelícano 2.0’ sugieren que el conocimiento de las irregularidades por parte de organismos como la Confad (comisión anticorrupción deportiva) y la propia Federación Catalana era previo al estallido mediático del caso. Se investiga si existió una omisión deliberada de comunicación entre las autoridades deportivas y los cuerpos de seguridad del Estado, a pesar de que Hacienda ya seguía el rastro del dinero desde finales de 2021.
Hacia una conclusión de práctica sistémica
El objetivo final de la instrucción es esclarecer si el pago de estas sumas millonarias respondía a servicios profesionales legítimos o si formaba parte de una corrupción sistémica diseñada para alterar la competitividad de la competición. La resistencia del club a facilitar datos o las dificultades para localizar a protagonistas directos solo aumentan la presión mediática y judicial sobre una institución que ya acumula múltiples frentes abiertos por su gestión económica pasada.
A medida que se acerca la fecha de las declaraciones en noviembre, la colaboración del FC Barcelona será monitorizada con lupa. Cualquier retraso adicional en la localización de los testigos podría interpretarse como una obstrucción a una investigación penal que, a diferencia de la deportiva, no entiende de prescripciones rápidas ni de cambios de normativa interna.