La cuarta jornada del juicio por la denominada trama Koldo ha arrojado luz sobre los engranajes internos de una red que aprovechó la urgencia sanitaria para consolidar intereses privados. En el centro de la diana se encuentra Israel Pilar, responsable de la consultora Sortis, quien ha comparecido para detallar cómo se gestó su colaboración con Víctor de Aldama en los momentos más oscuros de la crisis del Covid-19 en España.
El rol de enlace en la búsqueda de suministros críticos
Lejos de ser una participación anecdótica, el testimonio de Israel Pilar sugiere que su papel fue el de un facilitador estratégico. Según su relato, fue el propio Aldama quien, ante la incapacidad de la administración para obtener recursos por las vías ordinarias, recurrió a él para movilizar una red de contactos internacionales. El objetivo no se limitaba exclusivamente a las mascarillas; la desesperación del momento incluía la búsqueda de respiradores y equipos de protección individual que en aquel entonces escaseaban en el mercado global.
Los investigadores de la Audiencia Nacional sostienen que Pilar funcionó como el puente necesario entre la empresa Soluciones de Gestión y los comisionistas de la trama. A pesar de que el empresario ha intentado presentar su labor como una gestión comercial ordinaria para un cliente, la fiscalía anticorrupción analiza si estas conexiones sirvieron para articular un sistema de comisiones irregulares que ahora pone en jaque a antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes.
La sombra de los contratos con Correos y la conexión internacional
Uno de los puntos más controvertidos analizados durante la sesión ha sido la adjudicación de fondos públicos a la consultora Sortis. Tras las gestiones realizadas en el inicio de la pandemia, la empresa pública Correos, entonces bajo la dirección de Juan Manuel Serrano, otorgó contratos millonarios a la firma de Pilar. Estas adjudicaciones han levantado sospechas debido a la estructura societaria de la consultora, que presenta vínculos en jurisdicciones de baja tributación como Panamá.
- Contrato a dedo: En 2021, Sortis recibió una adjudicación directa de aproximadamente 1,8 millones de euros para tareas de consultoría estratégica.
- Licitación de última hora: A finales de 2023, poco antes de un cambio en la directiva de la entidad postal, se formalizó otro contrato por 168.000 euros destinado a la seguridad de infraestructuras tecnológicas.
- Vínculos externos: La presencia de colaboradores vinculados a tramas internacionales en el historial societario de Pilar añade una capa de complejidad ética y legal a estas licitaciones.
Mensajes incendiarios y la presión de la Agencia Tributaria
La declaración también ha abordado la existencia de comunicaciones que revelan el nerviosismo de la trama ante las inspecciones de la ONIF. Se han mencionado mensajes de Manuel Sallés, otro empresario vinculado, que aludían directamente al exministro José Luis Ábalos y a la compra de una propiedad en La Alcaidesa (Cádiz). Estas filtraciones sugieren que los implicados intentaron construir una narrativa coherente para justificar los pagos ante Hacienda, temiendo que la relación personal con el «súper jefe» saliera a la luz.
La mención de fotografías comprometedoras y el intercambio de capturas de pantalla refuerzan la tesis de que existía una relación de cercanía que iba más allá de lo profesional. Los investigadores sospechan que el uso de «dinero b» pudo ser una práctica recurrente para retribuir las gestiones de enlace realizadas por Pilar, una hipótesis que se apoya en conversaciones intervenidas donde se hablaba explícitamente de pagos en efectivo para evitar el rastro bancario.
Consecuencias para la cúpula de la trama
El horizonte judicial para los implicados se complica a medida que los testigos clave comienzan a desgranar el modus operandi de la red. Con peticiones de cárcel que alcanzan los 30 años para figuras como Koldo García, cada detalle sobre cómo se canalizaron los fondos y quiénes fueron los beneficiarios reales del material sanitario resulta determinante. La declaración de Israel Pilar, aunque matizada por su estrategia de defensa, confirma que el entramado empresarial diseñado por Aldama dependía de una red de contactos que llegaba hasta los despachos más influyentes de la administración pública.
En definitiva, el caso continúa revelando una estructura donde la urgencia nacional sirvió de parapeto para la creación de un sistema de influencias y beneficios cruzados que ahora el Tribunal Supremo intenta desentrañar en su totalidad.