La novena sesión del juicio por el denominado caso de las mascarillas ha dejado una evidencia técnica que complica el futuro judicial de los implicados. La perito experta María Eugenia Pérez Matey ha comparecido ante el Tribunal Supremo para ratificar, de forma tajante, que la autoría de las notas manuscritas aportadas por el empresario Víctor de Aldama corresponde inequívocamente a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes.
La huella caligráfica: 20 coincidencias técnicas imposibles de replicar
El núcleo del informe pericial se basa en el hallazgo de lo que en grafística se denominan gestos tipos. Según el testimonio de la experta, se han localizado hasta 20 rasgos idiosincráticos que vinculan los documentos de la trama con la escritura indubitada de García. Estos gestos son movimientos subconscientes y automatizados que cada individuo desarrolla al escribir, funcionando como una huella dactilar sobre el papel.
Pérez Matey ha subrayado que su conclusión es categórica. A pesar de que los análisis se realizaron sobre copias y fotografías aportadas originalmente por Aldama, la recurrencia de estas marcas gráficas elimina cualquier margen de duda razonable. Para la perito, la ejecución de la grafía es un acto innato que permanece inalterable a pesar del paso del tiempo o las condiciones externas, lo que valida la autenticidad de las pruebas presentadas en diciembre de 2024.
El intento de la defensa por desacreditar la pericia con la IA
Leticia de la Hoz, representante legal de Koldo García, ha centrado su estrategia en sembrar dudas sobre la posible manipulación de los documentos mediante nuevas tecnologías. La defensa planteó la posibilidad de que la Inteligencia Artificial hubiera sido utilizada para simular la caligrafía del acusado, una tesis que la perito descartó basándose en el rigor del cotejo gráfico tradicional.
Asimismo, la abogada intentó invalidar el informe aludiendo al historial médico de su cliente, quien se sometió a varias intervenciones quirúrgicas en su brazo dominante. Ante esto, la experta fue contundente:
- Las enfermedades motoras pueden alterar la estética de la letra, pero no modifican los rasgos estructurales.
- Los cambios morfológicos externos no logran enmascarar la esencia de la grafía personal.
- El análisis se centró en patrones aprendidos y ejecuciones peculiares que no dependen de la agilidad física puntual.
Anatomía de una escritura: los rasgos que delatan al asesor
El informe detallado ante el magistrado describe con precisión técnica por qué la letra de las notas sobre obra pública pertenece a García. El estudio grafonómico identifica varias letras clave que servían como firma invisible en los planes de la trama:
Destaca una letra A muy singular, ejecutada en varios trazos y con la parte superior abierta. Otro elemento distintivo es la letra u, que Koldo García suele trazar con forma de v, situando la segunda cúspide a una altura superior al punto de inicio. También se analizó la letra o, cuya ejecución recuerda al número seis y presenta un inicio sobrealzado, un patrón que se repite en menciones a ciudades como Valladolid.
Finalmente, la letra p fragmentada y una ejecución de la J totalmente ajena a los estándares caligráficos convencionales terminaron de apuntalar la tesis de la fiscalía. Estos detalles técnicos son los que permiten establecer un vínculo directo entre el sospechoso y los documentos que detallan supuestos amaños en contratos públicos.
Implicaciones en la trama de adjudicaciones
La relevancia de esta prueba caligráfica reside en el contenido de los manuscritos. Los papeles revelan listas de constructoras y proyectos de infraestructuras que habrían sido preadjudicados bajo la gestión de José Luis Ábalos en el Ministerio. Las notas incluso utilizaban códigos de colores —verde y rosa— para diferenciar el estado de las negociaciones con las empresas implicadas.
Con esta ratificación pericial, el escenario para los acusados se oscurece significativamente. La confirmación de que García escribió de su puño y letra estas hojas de ruta desmonta la versión de la defensa y refuerza la tesis de una estructura organizada para el cobro de mordidas y el reparto ilícito de contratos estatales, enfrentando a los protagonistas a penas que podrían alcanzar las tres décadas de cárcel.