La narrativa oficial sostenida por el Ministerio del Interior se enfrenta a un desafío directo tras las recientes revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO). Los informes policiales sugieren una realidad distinta a la defendida por Fernando Grande-Marlaska, situando el polémico caso hidrocarburos en el centro de las conversaciones entre la exmilitante socialista Leire Díez y la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
Las evidencias que cuestionan el relato ministerial
A pesar de que el ministro Marlaska ha reiterado con firmeza que en los encuentros entre González y Díez no existió mención alguna a la trama corrupta, las interceptaciones de comunicaciones dicen lo contrario. El foco se centra en un mensaje enviado por Díez el 20 de diciembre de 2024 al entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández. En dicha comunicación, tras salir de una reunión con la máxima responsable del Instituto Armado, la denominada «fontanera» del PSOE confirmaba su intención de preparar la documentación sobre hidrocarburos para entregarla en futuras citas.
Para los investigadores de la UCO, este intercambio no es una coincidencia. La cercanía temporal entre el encuentro físico y el mensaje permite inferir que el tráfico de influencias o, al menos, la gestión de información sensible sobre la trama, formaba parte de la agenda real de estos contactos informales en las proximidades de la sede de Guzmán el Bueno.
Cronología de los encuentros: Geolocalización y multas
La investigación no solo se apoya en palabras, sino en datos objetivos de geolocalización y registros administrativos. Se han constatado al menos tres reuniones clave que desmontan la opacidad inicial del Ministerio:
- Septiembre de 2024: Apenas dos semanas después de su nombramiento, González se citó con Díez. El teléfono de la exmilitante la situó a menos de 300 metros de la Dirección General.
- Diciembre de 2024: Un encuentro validado por una curiosa multa de aparcamiento gestionada por el presidente de la SEPI, quien incluso se ofreció a pagarla tras la reunión de Díez con la directora.
- Abril de 2025: La última cita conocida, tras la cual Díez manifestó en aplicaciones de mensajería su intención de seguir «alimentando esa vía» de contacto con la cúpula policial.
El factor Rubén Villalba y la ruptura de contactos
Un punto de inflexión crítico en esta relación fue la situación del comandante Rubén Villalba, investigado en el marco del caso Koldo. Según la versión oficial que ahora intenta proyectar la Guardia Civil, los contactos con Leire Díez cesaron abruptamente cuando esta última intentó mediar a favor de Villalba, solicitando su restitución en el cuerpo.
Sin embargo, los informes de la UCO sugieren que Díez operaba como un puente de confianza, buscando obtener información sobre «elementos subversivos» internos a cambio de ofrecer protección jurídica a mandos implicados. Esta dinámica revela una estructura de influencias que operaba en los márgenes de los canales oficiales, utilizando la familiaridad previa entre González y Díez de su etapa en la Delegación del Gobierno en Madrid.
Consecuencias para la transparencia institucional
La defensa de Marlaska hacia Mercedes González se vuelve cada vez más compleja. El ministro ha asegurado que, de haber conocido que se trataron temas de la trama, la respuesta habría sido distinta. Esta declaración pone en una situación comprometida a la directora de la Benemérita, quien habría ocultado el contenido real de sus reuniones a su superior jerárquico.
La aparición de terceros actores, como el abogado Ismael Oliver —imputado por presuntos pagos de la trama para blindar intereses políticos—, añade una capa más de gravedad al asunto. La investigación judicial ahora debe determinar si estas reuniones fueron meros encuentros de cortesía o si formaron parte de una estrategia orquestada para monitorizar las investigaciones que afectaban directamente al entorno del Gobierno y al sector de los hidrocarburos.
En definitiva, lo que comenzó como una negación categórica en el Congreso se ha transformado en una crisis de credibilidad alimentada por los propios informes técnicos de la Guardia Civil, evidenciando una desconexión preocupante entre la realidad operativa de la UCO y el discurso político de Interior.