La ética política y el cumplimiento estricto de la legalidad han centrado el último discurso de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Durante su intervención en Albacete, el líder autonómico ha lanzado una advertencia contundente contra el uso de la ideología como mecanismo de defensa ante presuntas irregularidades. Para Page, intentar justificar acciones ilícitas amparándose en logros de gestión o en la pureza de los ideales no solo es un error, sino que empeora significativamente la percepción de la realidad.
La barrera entre la gestión pública y la responsabilidad penal
El mandatario socialista ha querido separar de forma quirúrgica lo que representa una etapa de Gobierno de lo que son actos individuales sometidos a escrutinio judicial. En este sentido, ha afeado la actitud de aquellos sectores que defienden con una «agresividad excesiva» al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación. Según Page, los ideales nunca deben funcionar como un escudo protector contra el sistema de justicia, subrayando que «no vale empatar» ni recurrir al recurrente discurso del «y tú más» para minimizar las acusaciones actuales.
García-Page insiste en que la presunción de inocencia es un derecho universal, pero recuerda que este derecho no solo asiste a los investigados, sino que también debe proteger la credibilidad de quienes velan por la ley: los jueces, los fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Atacar la integridad de estas instituciones para salvaguardar a un líder político es, a su juicio, una contradicción que erosiona los pilares democráticos del país.
Defensa del sistema institucional frente al populismo
Durante la apertura del I Foro de Industria regional, el presidente castellanomanchego ha alertado sobre el avance de corrientes que buscan deslegitimar el régimen del 78. Page ha criticado el «frentismo barato» y las tácticas demagógicas de quienes pretenden que el sistema institucional «salte por los aires». Para él, los ataques constantes a los organismos reguladores y judiciales son intentos de deslegitimación institucional que solo generan desconfianza ciudadana.
- Rechazo frontal a que la identidad política sirva de impunidad.
- Respeto absoluto a la autonomía de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
- Crítica a la erosión gratuita de los pactos constitucionales en órganos como el Tribunal Constitucional.
Colaboración judicial y serenidad democrática
A pesar de la dureza de sus palabras sobre el uso de los ideales como escudo, García-Page ha mostrado una faceta más conciliadora al valorar la disposición de Zapatero para acudir a los tribunales. El líder regional ha calificado como «actitud correcta» la intención del expresidente de colaborar con la justicia, señalando que el mejor escenario para cualquier cargo público es poder esclarecer las dudas ante los magistrados competentes.
Finalmente, Page ha hecho un llamamiento a la cordura y la serenidad para afrontar esta etapa de tensión política. Ha recordado que tanto el Consejo General del Poder Judicial como otras altas instituciones son fruto del consenso entre las principales fuerzas políticas, por lo que cualquier sospecha de prevaricación debe canalizarse a través de las vías legales establecidas y no mediante campañas de desprestigio en la esfera pública. La justicia, ha concluido, debe ser eficaz sin importar el cargo o la historia política del individuo investigado.