Las fisuras en la gestión de la SEPI: Testimonio clave en el Senado
La reciente comparecencia parlamentaria de José Ángel Partearroyo, quien fuera una figura central en la dirección de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha puesto de manifiesto una preocupante falta de cohesión en la supervisión de los activos públicos. El exdirectivo ha dejado claro que ciertos movimientos financieros realizados durante la etapa de crisis sanitaria escaparon a su supervisión directa, generando un escenario de incertidumbre institucional.
El núcleo de la controversia reside en la aparente desconexión entre las decisiones estratégicas de la matriz y la operativa de sus filiales. Según el testimonio ofrecido, la arquitectura administrativa de la entidad permite que ciertos brazos ejecutivos operen con una autonomía técnica que, en casos críticos, podría limitar la rendición de cuentas de los altos cargos ante operaciones de gran calado económico.
El desconcierto ante el préstamo de cinco millones al Instituto de Empresa
Uno de los puntos más críticos de la intervención fue el reconocimiento explícito de sorpresa ante la concesión de un crédito de cinco millones de euros destinado al Instituto de Empresa (IE). Esta operación, que ha suscitado un intenso debate político, no parece haber seguido los cauces de comunicación habituales que Partearroyo esperaba para una transacción de tal envergadura.
El exdirector subrayó varios aspectos fundamentales sobre esta operación financiera:
- La naturaleza excepcional del préstamo en un contexto de restricción presupuestaria.
- La falta de documentación técnica remitida a los órganos de control del Senado para justificar la urgencia de la inyección de capital.
- El impacto reputacional que supone para la SEPI la gestión de ayudas a centros educativos privados bajo criterios que aún requieren mayor transparencia.
Autonomía de Sepides y la gestión de inmuebles en pandemia
Al ser interrogado sobre las posibles bonificaciones o rebajas en el alquiler del complejo Campos Velázquez, Partearroyo se desmarcó de cualquier responsabilidad directa. El argumento central es la gestión delegada en Sepides, entidad que posee personalidad jurídica propia para administrar sus activos inmobiliarios de forma independiente.
Esta fragmentación de competencias explica, según el exalto cargo, por qué no tuvo constancia formal de acuerdos que pudiesen haber favorecido al centro educativo durante los meses más duros del confinamiento. A pesar de ocupar una posición estratégica en la cúpula de la SEPI, la estructura de «compartimentos estancos» impidió que la información sobre las rentas de los inmuebles llegara a su despacho, calificando como «inaudito» que tales rebajas se hubieran producido sin un análisis de riesgo exhaustivo.
Falta de transparencia y el desafío de la rendición de cuentas
La sesión en la Cámara Alta, impulsada por las preguntas de la oposición, ha dejado un rastro de dudas sobre la trazabilidad de los fondos públicos. La ausencia de expedientes completos que aclaren las condiciones del arrendamiento y la justificación técnica del préstamo millonario sitúa a la institución en el centro de un escrutinio mediático y político sin precedentes.
En conclusión, el testimonio de Partearroyo no solo revela una gestión compartimentada, sino que abre el interrogante sobre cuántas otras decisiones de calado financiero se tomaron bajo el paraguas de la autonomía administrativa de las filiales de la SEPI. La necesidad de que tanto el organismo como el Instituto de Empresa aporten los expedientes originales se vuelve ahora imperativa para despejar cualquier sombra de trato de favor en la gestión de recursos estatales.
